Los problemas con la Fiscalía del Tribunal Supremo para el eurodiputado y padre fundador del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, pueden tener un paso previo en la Audiencia Nacional.
Mientras que la Fiscalía ya ha remitido al Supremo el escrito en el que un empresario del sector de las criptomonedas asegura haber pagado 100.000 euros en efectivo al político español (tras constatar la existencia de indicios de delito en ese cobro en metálico), la Audiencia Nacional tiene abierta otra investigación instigada por dos asociaciones de consumidores, presuntamente perjudicados por el hundimiento y cierre de Madeira Invest Club.
El juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dictó este martes un auto declarando la apertura de diligencias previas a la posible comisión de delitos contra la mercantil Madeira Invest Club. La denuncia inicial la lanzó la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), que tiene unos 200 asociados y está presente en otros pufos financieros investigados por los tribunales como son el caso Ninmbus, Herrero Brigantina o Juicy Fields.
A la misma denuncia se han sumado la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) y distintos despachos de abogados que ya buscan posibles afectados por la causa y que se cifran en varios miles. Cabe recordar que este club financiero, del que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores advirtió que no contaba con su autorización para operar, prometía rentabilidades de hasta el 53% en inversiones de arte digital y bienes de lujo.
Testigo, pese a su inmunidad como eurodiputado
Según ha explicado a elDiario.es, Jaime Navarro, presidente de ANCES, la asociación ha presentado ante la Audiencia Nacional un escrito solicitando que Alvise Pérez devuelva los 100.000 euros que le dio Álvaro Romillo, apodado CryptoSpain, para poder resarcir a parte de los afectados por la posible estafa. En ese sentido, Romillo se ha puesto a “disposición” de la Justicia y también se ofrece a liquidar sus bienes para compensar a sus inversores con el patrimonio que aún mantiene y el dinero que figura en cuentas bancarias portuguesas. En el mismo escrito, además, la asociación solicita que el eurodiputado de SALF declare como testigo, una figura jurídica que le obligaría a acudir a ser interrogado pese a la inmunidad de la que goza en el Parlamento Europeo.
Como ha venido contando elDiario.es, el pasado 6 de abril Madeira Invest Club logró llenar el hipódromo de La Zarzuela. Allí, Alvise tomó la palabra y dijo a los invitados: “Aquí estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contrapolítica a un Estado mafioso, perdonadme que lo diga, criminal, que os roba más del 70-75% de lo que producís todos vosotros”. “Yo lo llamo esclavismo moderno”, dijo el eurodiputado, que apeló a “la libertad de la que tanto temen esos corruptos”.
Cinco meses después de aquel evento en el hipódromo, y tras promesas de rentabilidades imposibles, la Audiencia Nacional y la Fiscalía del Supremo investigan posibles delitos y sus damnificados comienzan a organizarse.