La Agencia de Prevención y Lucha contra el fraude estima que las arcas públicas podrían recuperar hasta 23 millones de euros por irregularidades en las distintas administraciones investigadas en 2021. El organismo que dirige Joan Llinares cifra por primera vez en su informe el impacto económico de las actuaciones, que ya han recuperado medio millón de euros.
De las 72 investigaciones finalizadas en 2021 la Agencia ha recogido para sus cálculos el importe susceptible de recuperación cuantificado o bien el importe que finalmente ha sido recuperado por la administración afectada. Los expedientes con posibilidad de recuperación de activos van desde los 10.000 euros hasta los 20 millones, este último referido a un plan urbanístico en Burriana (Castellón).
Llinares ha entregado este martes el balance de gestión del pasado año al Parlamento autonómico, donde ha hecho hincapié en el aumento de las investigaciones por fraude en convocatorias de empleo público y ha criticado la normalización de los contratos de emergencia desde el estallido de la pandemia.
En el año 2021 el organismo ha recibido 359 denuncias que han dado lugar a la apertura otros tantos expedientes, frente a los 226 del año 2020, lo que representa un incremento del 58,84%, y el año de mayor número de denuncias presentadas. Para el director, la cifra denota un mayor grado de conocimiento de su trabajo y de confianza de la ciudadanía en el mismo.
Otros de los datos que recoge el balance son que la agencia mantiene actualmente el estatuto de protección a un total de 27 denunciantes y que hay cuatro administraciones que no han aceptado o han incumplido sus recomendaciones: el Ayuntamiento de València (dos investigaciones), los ayuntamientos de Cofrentes (Valencia) y Rojales (Alicante) y el Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat.