La Agencia Antifraude recrimina a las Corts la opacidad en las cuentas de los grupos parlamentarios: “Deberían ser objeto de fiscalización independiente”

“Los protagonistas visibles de la vida pública tienen un deber de ejemplaridad, coherente con los valores que dan sentido a las sociedades democráticas”. A través de una cita de Victoria Camps, filósofa y consejera permanente del Consejo de Estado, el director de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana recrimina a los grupos parlamentarios la opacidad de sus cuentas en las Corts Valencianes. Joan Llinares, en la memoria anual del organismo que dirige, expresa: “A través del ejemplo, se enseña cómo vivir bien desde un punto de vista ético: no se trata solo de los contenidos de las propuestas políticas, sino que también cuenta la forma de hacerlo, y ahí es donde se da la ejemplaridad”.

El director del organismo adscrito a las Corts Valencianes ya incluyó en la memoria de su primer ejercicio de actividad completa algunas recomendaciones para los grupos parlamentarios. Un año después, lamenta en un apartado del escrito que se hayan ignorado. Llinares recuerda a los partidos sus deberes, acordes a la Ley de Transparencia, el Código de Buen Gobierno o el Reglamento de las Corts Valencianes, cuyas disposiciones considera insuficientes en materia de transparencia de las subvenciones públicas.

El director de la Agencia recuerda que las subvenciones parlamentarias quedan excluidas de la Ley General de Subvenciones, “y por tanto, sin regulación sobre en qué se pueden gastar o cómo justificar, ni sujetas a fiscalización”. El reglamento de las Corts Valencianes indica que los grupos deben tener la información disponible para cuando el parlamento se lo solicite, pero la ley no les obliga a presentar todas las facturas. La fiscalización de las cuentas de los partidos es obligatoria y la realiza el Tribunal de Cuentas, lo que deja prácticamente a voluntad el nivel de transparencia al que cada grupo quiera llegar con sus facturas en estos organismos.

Para Llinares, el detalle de los gastos que se efectúan con dinero público “debería ser objeto de una fiscalización independiente” y advierte de que una parte de los ingresos que reciben los grupos en “parlamentos, diputaciones o ayuntamientos son trasladadas a las cuentas de la organización central, derivando fondos que deberían emplearse en apoyar la actividad legislativa o reglamentaria del propio territorio y ámbito de actuación”. 

En concreto y por acuerdo de la Cámara parlamentaria valenciana, cada grupo recibe una cuantía fija mensual de 10.500 euros y dos partidas variables: 1.400 euros mensuales por diputado para gastos y 1.000 euros mensuales por diputado para contratación de personal. En total, en un año, los  seis grupos han recibido 3,6 millones de euros de la cámara.

La advertencia no es exclusiva para el Parlamento autonómico. “Tampoco en el ámbito local se ha podido constatar que la obligación de los grupos políticos municipales de dar publicidad activa a las dotaciones económicas concedidas para su funcionamiento haya tenido un seguimiento generalizado, siendo poco común que se ofrezca en los portales de transparencia de las entidades de la Administración Local dicha información”, señala el responsable de Antifraude.

El director de la Agencia Antifraude reivindica el acceso a estos gastos como parte esencial de la salud democrática de una sociedad: “La información relacionada con estas asignaciones a favor de los grupos políticos perceptores pondría al alcance de la ciudadanía los datos necesarios para efectuar los pertinentes controles de legalidad y oportunidad del destino dado a estos recursos finalistas y de los gastos realizados con cargo a estos recursos públicos, permitiendo formar una opinión crítica y constructiva de la actuación de sus representantes políticos que podría influir incluso en la determinación de su voto”.