La Agencia Antifraude duda de la compatibilidad de los negocios del exinterventor de Rus y su socia, ahora en la Generalitat

Los negocios de los fiscalizadores públicos de la Generalitat Valenciana, los altos funcionarios que velan por las cuentas públicas y actúan en funciones de auxilio judicial en las complejas causas de corrupción, no han pasado desapercibidos en la administración autonómica.

El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, ha mostrado su sorpresa por los negocios desvelados por elDiario.es del exinterventor de Alfonso Rus en la Diputación de València y de su socia, también funcionaria de la Intervención de la Generalitat Valenciana. “Para algunos las incompatibilidades y los conflictos de interés debe de ser cosa de otro planeta”, ha tuiteado Llinares.

Ricardo Camarena Gil, el interventor nombrado a dedo por Rus en la Diputación de Valencia durante los años de mayor saqueo de la trama investigada en el marco del caso Taula, ha llegado a tener cargos societarios en una decena de constructoras y fotovoltaicas, tal como informó este diario. Ya reincorporado a su puesto en la administración autonómica, tras su dimisión en la institución provincial, Camarena montó un despacho y una mercantil comercializadora de energía eléctrica con otra compañera del ramo de los fiscalizadores públicos, la funcionaria de carrera Paula Cosin Vila, destinada en la Intervención delegada del Tesoro de la Generalitat. Cosin también es actualmente administradora única y accionista única de una consultora.

Dos de las mercantiles en las que ha figurado el exinterventor de Rus (Solarflex Energías 21SL y Crossfire Trade SL) provienen del vivero de empresas que ofrece Ramón Cerdá Sanjuán, al que también recurrieron implicados en Gürtel y en Noos, aparte de Marcos Benavent. Camarena aterrizó en la Intervención de la Generalitat en 1999 (nombrado por el entonces conseller José Luis Olivas) y su exsocia, Paula Cosin, fue nombrada tres años más tarde por el entonces conseller Vicente Rambla.