La Agencia Tributaria ha iniciado este martes una gran operación coordinada en ocho comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector del calzado, por la que se han personado más de 170 funcionarios de la AEAT en 41 locales de fabricantes y comercios del sector, según ha informado el Ministerio de Hacienda.
Bajo el nombre de 'Scarpe II', la operación conlleva el inicio de inspecciones a 74 sociedades y 29 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de funcionarios del área de Inspección de la Agencia en 41 locales de este sector.
La operación afecta especialmente a fabricantes de calzado, pero también, en menor medida, a minoristas. El dispositivo que se ha desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (1), Aragón (12), Asturias (2), Canarias (3), Castilla-La Mancha (4), Galicia (1), La Rioja (8) y Comunitat Valenciana (10).
'Scarpe II' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, contando con la participación de 157 funcionarios del área de Inspección, incluyendo personal de las unidades de Auditoría, así como con el apoyo de agentes policiales y de 15 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
Hacienda sospecha que realizan ventas en B
Las inspecciones iniciadas este martes, y que continuarán en los próximos meses, tienen su origen a comienzos del pasado año, cuando una serie de investigaciones efectuadas por la Agencia Tributaria en el sector indicaban que la mayor parte de las sociedades afectadas por esta operación estaban realizando ventas en 'B' a otras empresas del sector.
En conjunto, las sociedades que ahora se han comenzado a inspeccionar cuentan con una cifra de negocio anual declarada de 240 millones de euros.
En concreto, en las investigaciones previas no se encontraba correspondencia entre estos importes declarados y las entradas registradas en las cuentas bancarias de las sociedades ahora en inspección.
Con las personaciones realizadas este martes en los distintos locales, la Agencia pretende acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, con el objetivo de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas y, en su caso, detectar la posible existencia de programas informáticos de ocultación de ventas y esquemas de facturación irregular.
Las actuaciones también se van a dirigir a personas del entorno societario y familiar de las sociedades inspeccionadas, personas que presentan signos externos de riqueza no coherentes con las rentas que vienen declarando, y que en ciertos casos, además, figuran o figuraban como titulares de contratos de alquiler de cajas de seguridad en entidades financieras que ahora serán precintadas preventivamente por parte de los investigadores.