“No podía creer que el vecino de toda la vida, con el que comparto amigos de la infancia, con el que había subido mil veces en el ascensor, me hiciera eso”. Valle –nombre ficticio- es una joven de Elche que fue agredida sexualmente por su vecino en el ascensor de casa. Ocurrió en agosto de 2014 y, como ha avanzado la Cadena Ser, logró defenderse. Tras el shock emocional inicial, acudió a la Justicia. “Denuncié no por mi sino por otras chicas más jóvenes que hay en el edificio y que si las coge les puede desgraciar la vida”, afirma a eldiario.es. Cuatro años después se pregunta: “¿de qué ha servido mi denuncia?”.
Porque ella ha ganado cada juicio que se ha celebrado, pero él ha logrado retrasar la ejecución de la condena tras recurrir cada sentencia -hasta en tres ocasiones-, la última a través de la petición de amparo al Tribunal Constitucional. La primera de ellas llegó después del juicio en primera instancia celebrado en julio de 2016. Entonces se le impuso dos años de prisión, cinco de libertad vigilada, una orden de alejamiento que en la práctica le impedía vivir en el mismo edificio que la chica y una indemnización económica.
Valle no alcanza a comprender por qué, entre otras cuestiones, todavía no se ha activado la orden de alejamiento contra él, una encrucijada que le obliga a convivir en el mismo edificio que su agresor, quien vivía entonces en casa de sus padres. Según relata esta joven, pese a tener otra vivienda en la ciudad, él sigue acudiendo cada día a ver a su familia. Esto provoca que Valle viva en constante tensión y nerviosismo. “Cada vez que salgo de casa mi padre y mi hermano tienen que estar pendientes de que no nos crucemos”, añade.
Valle también denuncia que mientras su agresor recurre “gratuitamente” las sentencias al contar desde el principio con un abogado de oficio, ella debe hacer frente a los gastos de su letrado. “¿Esto es justo?”, se pregunta.