El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), ha sido imputado por el juez con el cargo de prevaricación por presuntamente haber cobrado un sueldo público en su puesto “adscrito funcionalmente” a la dirección territorial de la Conselleria de Sanidad en Alicante, salario que se cobró noviembre de 2008 y enero de 2014 y del que no se tiene ningún rastro de su trabajo.
Así lo ha avanzado el diario Información que explica que en menos de un mes deberá comparecer ante el magistrado en calidad de investigado por el cobro de un salario que ascendió a un total de 202.170 euros, a razón de 55.000 euros brutos anuales. Esta imputación se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción haya concluido que pudo haber cometido un delito de malversación por cobrar este dinero público los años anteriores a acceder a la alcaldía de Orihuela, donde ejerce la vara de mando desde 2015.
Después de que la propia Conselleria de Sanidad llevara en el verano de 2019 el caso a la Fiscalía provincial esta determinó que Emilio Bascuñana había cometido un delito de apropiación indebida, posteriormente este caso pasó a ser asumido por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2020. Fiscalía no ha encontrado ningún rastro que pruebe que Bascuñana ejerció la función por la que cobraba, ni informes ni un despacho que ocupara el hoy primer edil oriolano.
El mismo periódico apunta que, según la investigación la instructora del expediente incoado a Bascuñana (y archivado), a tenor de las resoluciones se suponía que Emilio Bascuñana debía trabajar en la Inspección sanitaria de Alicante y el salario lo percibía de un centro de salud de Orihuela. Pero además esta testigo aseguró que no existía constancia de que el hoy alcalde del PP hubiera realizado algún servicio para la Inspección al menos hasta enero del 2012, cuando aparece el primer registro en la tarjeta donde se va grabando toda la actividad que desempeñan los inspectores. La misma testigo señalaba que “si un doctor tiene encomendados los servicios de inspección, no puede realizar otras tareas que no sean las de vigilancia, control, inspección y evaluación”.
No obstante Emilio Bascuñana aseguraba que sus funciones eran de “asesoramiento, colaboración, coordinación y apoyo” porque tenía “buenas relaciones tanto institucionales como personales y profesionales con el personal no solo de la Conselleria de Sanidad sino también de otras”. Y estas funciones asegura que las realizaba sin tener despacho porque lo hacía “desde diferentes sitios y lugares tanto desde casa mediante teletrabajo como en otros sitios”. A ello añadía que no hay documentación de su trabajo porque “los informes no los realizaba por escrito”. Para Fiscalía esta justificación no sustenta el cobro del salario público.
Por otro lado, Fiscalía también investigaría a los responsables del nombramiento, mantenimiento y supervisión de la actividad de Bascuñana dentro de la administración pública, ya que podrían enfrentarse a un delito continuado de prevaricación. Así, Anticorrupción plantea que declaren los dos directores territoriales durante el tiempo que se produjeron estos hechos, José Vicente García y José Ángel Sánchez Navajas, y el director general de Recursos Humanos entre 2001 y 2012, José Cano.