400 agresiones físicas o verbales en un año de carácter racista, homófobo o ideológico. Según Movimiento contra la Intolerancia y varias asociaciones progresistas, la violencia de la ultraderecha crece más en la Comunitat Valenciana que en España.
Y eso, a pesar de que, según un estudio de la Unión Europea mencionado por la asociación liderada por Esteban Ibarra, el 90 por ciento de estos ataques no se denuncia. Por miedo, falta de confianza en la policía o la justicia o simplemente porque algunas víctimas (inmigrantes sin papeles, transexuales) no quieren exponerse en público.
Ibarra y varios colectivos - Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Ca Revolta, Cear, Jarit, EUPV, Bloc y Esquerra Republicana- han comparecido para solicitar una pena ejemplar en el juicio contra miembros de Frente Antisistema, una organización neonazi desarticulada en 2005 tras la Operación Panzer.
La Fiscalía pide un total de 42 años de cárcel para los 18 procesados, acusados de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego reglamentadas. Entre los acusados está un concejal de España 2000, un grupo ultra que últimamente reparte comida discriminando a los inmigrantes, y Pedro Cuevas, que asesinó a Guillem Agulló, un joven antifascista, en Montanejos (Castellón) en 1993. Fue condenado a 17 años de prisión, pero sólo estuvo cuatro entre rejas.
ACPV, que ejerce la acusación popular en el caso junto con las otras asociaciones mencionadas, ha denunciado el “clima de impunidad” del que se aprovecha la ultraderecha. De ello hablarán con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, al que le pedirán más trabajo para “evitar delitos violentos por cuestiones de odio”