El gobierno de Alicante del Partido Popular y Ciudadanos está estudiando volver a implantar la ordenanza contra la mendicidad que introdujo la exalcaldesa popular Sonia Castedo en 2014. Entonces, el ejecutivo local ordenó poner barras de hierro a mitad de los bancos colectivos de las plazas para evitar que las personas sin hogar se recostaran, además de otra serie de medidas como apostar por los bancos individuales o la colocación de bloques en los asientos.
La acción, que ya se había implantado en otras grandes ciudades europeas, no fue bien acogida ni por la oposición ni por el Sindic de Greuges, que emitió una queja de oficio en un momento en el que la crisis económica había incrementado especialmente las personas que viven en la calle, hasta 1.382 según cifras de Cruz Roja Alicante referentes a un año antes.
Ahora, el bipartito aduce que la recuperación de la polémica ordenanza tendría como fin “evitar el efecto llamada y cuidar la imagen de la ciudad”, señalan al diario Información. Sin embargo, estas explicaciones no convencen a la izquierda que cuando compartía gobierno en 2016 optó por derogar la iniciativa.
“El debate ya está superado desde 2016”, explica Xavier López, el portavoz de Unides Podem (UP). La ordenanza del PP “fue un total fracaso”, añade el portavoz del PSPV-PSOE Paco Sanguino. López insiste en que la “lucha contra las mafias que tratan con personas, especialmente con mujeres, obligándolas al ejercicio de la prostitución, o contra las redes que utilizan la mendicidad para la delincuencia, no puede fundamentarse en perseguir al último eslabón y el más débil de esa cadena”.
“El ayuntamiento no puede colaborar en hacer todavía más complicada la vida de quienes sufren la pobreza y la exclusión, enarbolando la falsa bandera de la lucha contra el crimen, cuando lo que verdaderamente hay detrás se llama aporofobia”, remarca.
Por ello, Unides Podem propone, contra la implantación de esta ordenanza, planes específicos de atención sociolaboral a personas en grave situación de vulnerabilidad y colectivos específicos. “Una atención integral -señala López- que pueda tener como objetivo la inclusión y que debe contar en primer término con la ampliación de plazas en el Centro de Acogida e Inserción, el aumento de personal técnico en servicios sociales y las políticas activas en materia de derecho a la vivienda”.
Por su parte, el grupo socialista considera que la medida de Castedo fue “un total fracaso, como casi toda su gestión, porque en teoría se basaba en criterios preventivos y asistenciales y demostró ser absolutamente ineficaz durante los cinco años que estuvo operativa”, según Sanguino.
Además, la edil Lola Vilchez asegura que esta iniciativa “solo pretende maquillar los problemas de la ciudad en vez de pensar o proyectar un Centro de Noche para personas en exclusión social o en aplicar correctamente y a tiempo la Renta Valenciana de Inclusión Social. Es más fácil el populismo y un titular de cara a la galería”.
Por último, Sanguino recuerda que el alcalde de Alicante Luis Barcala era concejal de Castedo cuando se aprobó la ordenanza en 2014 en un momento en el que Ciudadanos, en la oposición, se posicionó en contra: “Lo que demuestra la falta de personalidad que tiene este grupo político; mejor dicho, sí la tiene, la del PP”.
Asimismo, el líder socialista confía en que en caso de aprobarse una nueva ordenanza contra los mendigos no incluya “disparates como confiscar limosnas, tal como se quería incluir en la anterior ordenanza aprobada por el PP”.