Más frentes abiertos para el todavía alcalde de Calp, presidente de la Diputación de Alicante y diputado electo del Congreso, el popular César Sánchez. El juzgado de instrucción número dos de Dénia investigará a Sánchez, a otro edil del PP calpino, Bernardo Moll, y al jefe de recursos humanos del ayuntamiento del Penyal, Antonio Cabrera, por las anomalías producidas durante el pasado mes de enero en el cementerio del municipio.
El juzgado ha decidiro incoar diligencias previas sobre ese caso, dando cuenta de esta decisión tanto al Ministerio Fiscal como a los tres “inculpados”. Todo, después de que en marzo el secretario local del PSOE de Calp, Marco Bittner, presentara una denuncia por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ahora lo que va a intentar establecer el juez es si efectivamente los hechos sucedidos fueran constitutivos de delito.
En la denuncia, Bittner asegura que el pasado 23 de enero fue testigo de un hecho que “en un primer momento consideré irregular y que posteriormente pude acreditar que era del todo punto ilegal”. El mismo, que “estando de visita en el Cementerio de Calpe pude comprobar cómo dos funcionarios del cementerio arrancaban un nicho y vaciaban urgentemente los restos cadavéricos existentes en su interior”. Según Bittner, “parecía que aquella exhumación se realizaba de forma clandestina y con máxima urgencia”.
Conexiones familiares
Para el dirigente socialista había un motivo de estas actuaciones: “A los pocos minutos supe que había fallecido la abuela del jefe de recursos humanos del Ayuntamiento de Calp”. Es decir, uno de los denunciados por Bittner, Antonio Cabreram que fue teniente de alcalde del ayuntamiento y presidente del PP calpino. Además, sigue el denunciante, la familia “es dueña del nicho situado a la derecha de la sepultura exhumada, donde descansa el abuelo, fallecido hace unos dos años”.
Según el relato de Bittner, “la intención de la familia es que ambos abuelos descansaran juntos por lo que, con la connivencia del propio alcalde, amigo íntimo de la familia, y del concejal de Cementerio (que es Bernardo Moll, el tercer denunciado), ordenaron la exhumación ilegal del nicho en cuestión para que fuese enterrada, la misma tarde, la fallecida, junto al nicho de su esposo”.
Finalmente, el denunciante también aclara en su testimonio quien era la persona que aquella mañana se había exhumado con tanta celeridad: Wilhelm Klatt. Y asegura que ese nicho era de su propiedad, con lo que “tenía derecho de ocuparlo hasta 99 años desde su entierro”. Klatt, según la lápida que fue retirada, había fallecido en 1973. O sea que tendría derecho a esa tumba hasta el año 2072.
Bittner pidió explicaciones en varias ocasiones y de forma oficial al ayuntamiento sin que se le contestara antes de presentar la denuncia.
La respuesta de Moll: “El nicho estaba abandonado”
En los últimos días, sin embargo, ha habido una respuesta, la del propio Moll, quien le señala a Bittner que la exhumación tenía cobertura legal, toda vez que 2la ordenanza reguladora del cementerio de Calp faculta a que transcurridos más de veinte años desde la adjudicación del nicho, y si el mismo no se ha renovado, se puede dar por extinguido el derecho funerario“.
Pero la ordenanza, aprobada en 2017, estipulaba que los derechos funerarios de nichos en propiedad como el de Klatt se prolongarían efectivamente sólo durante veinte años más, pero a partir de la fecha de la aprobación de la ordenanza. Es decir que los restos de Klatt hubiera tenido derecho a permanecer allí hasta 2037.
Por su parte, Moll también esgrime una segunda tesis: que el nicho que fue exhumado con tanta celeridad se encontraba en un “evidente estado de abandono, fruto de la falta de conservación y mantenimiento por parte de los familiares del difunto”. Sin embargo, las fotografías que fueron tomadas justo antes de que el nicho se exhumara demuestran que el estado de abandono era como poco discutible.
Finalmente, el edil del PP arguye también en su contestación a Bittner que “además se desconoce el nombre del titular de la concesión, y de sus posibles herederos, dado que, de un lado, no existe en el archivo municipal copia del título de concesión, y, de otro lado, el Libro de Sepulturas se refiere a aquel titular como la esposa del difunto, sin apuntar más información que el nombre del finado, la fecha del fallecimiento, y la identificación del nicho en cuestión”.
El segundo problema para Sánchez en poco tiempo
En esta campaña electoral, este es el segundo problema para Sánchez después de que un juzgado decidiera la apertura del juicio oral por presunta corrupción urbanística en Llíber, en otro caso en el que entre otros está imputado el actual alcalde de esta localidad, José Juan Reus, también del PP. Sánchez no tiene nada que ver con este último asunto, pero toda vez que aspira a continuar al frente de la Diputación, va de número 3 en la lista popular de Llíber.