El empresario alicantino y financiador irregular confeso del PP, Enrique Ortiz, no pisará la cárcel gracias a un nuevo acuerdo con el Ministerio Fiscal y las acusaciones por el caso Brugal. Su confesión en el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante por la que la pena inicial de ocho años se queda en dos, con una multa de 730.000 euros, paradójicamente sí que deja a las puertas de prisión a los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y, de paso, deja en evidencia a unas administraciones públicas, ya sean el consistorio alicantino o el Gobierno valenciano, que siguen atadas a los tentáculos de su conglomerado empresarial.
El nuevo acuerdo, en un principio sorprendente, no lo es tanto si se mira en perspectiva. Autodenominado “polla insaciable” por sus corruptelas millonarias, como reconocía a otro empresario en una conversación telefónica intervenida por la Policía en 2008, ha sabido sortear la prisión hasta en tres ocasiones gracias al pago de multas millonarias que ha venido costeando con el dinero que obtiene por contratas públicas como en la concesionaria de limpieza de Alicante o la explotación de los geriátricos valencianos.
Su periplo con la justicia comenzó por un arma. Y es que en el marco de los registros realizados en 2010 en la operación Brugal, la Policía encontró un revólver en la sede de las oficinas de su empresa Grupo Cívica. Acusado de un delito de tenencia ilícita de armas, quedó absuelto tras declarar que las odiaba y que no tenía acceso a la caja fuerte donde se encontraba. Un empleado suyo asumió toda la responsabilidad.
Después volvería a quedar libre del cargo de un delito de fraude fiscal por el que se enfrentaba a un año y cuatro meses de cárcel por unas deducciones fiscales en una operación inmobiliaria en pleno boom del ladrillo, en 2005, en la Playa de San Juan. Más tarde, en 2018, llegó su primera gran confesión. Enrique Ortiz asumió el pago de una multa 1,6 millones de euros a cambio de eludir su ingreso en un centro penitenciario por pagos irregulares al PP en las campañas de 2007 y 2008 cuando ese partido consiguió las mayores victorias electorales.
Ahora, una vez que ha reconocido que negoció con los exalcaldes alicantinos del PP, Alperi y Castedo, un urbanismo a la carta, se prevé que con el pago de 713.000 euros de multa dejará de estar implicado en causas judiciales, en un momento en el que se ha venido completando el traspaso de poder de sus sociedades a sus hijos.
Su negocio familiar ha venido alimentándose de las contratas públicas, la más conocida y polémica, su participación, actualmente del 33%, en la concesionaria de basuras de la ciudad de Alicante (junto con FCC y Ferrovial). Integrada en el paraguas de Cívica Construcciones y Contratas SL, logró 3,8 millones de euros de beneficio el año pasado, según el Registro Mercantil.
Con un servicio deficiente que sitúa a Alicante a la cola de España en limpieza viaria, el Ayuntamiento de la capital, gobernado por PP y Ciudadanos, ha incluido en los nuevos presupuestos que acaba de aprobar una nueva partida para ampliar el pliego con la UTE participada por Ortiz y pagar más de medio millón de euros extra.
Grupo Cívica también está detrás de una parte de la explotación de las residencias de mayores valencianas, un modelo lanzado por el exconseller Rafael Blasco en 2001 y que prolongó en el tiempo el recientemente fallecido exconseller de Bienestar Social Juan Cotino, quien continuó otorgando a Ortiz una porción de las concesiones del servicio concertado. Con 1.600 plazas, en 2018 obtuvieron, junto con Grupo Corporativo Fuertes, 5,6 millones de euros de beneficios.