Hace dos años, tres macacos japoneses campaban a sus anchas por los alrededores de Guardamar. Se habían escapado de una finca particular conocida por albergar durante tres décadas todo tipo de animales exóticos en un recinto de 3.000 metros cuadrados en mitad de la huerta de la Vega Baja. Su huida, que acabó con su captura dos meses después (aunque falleció al caer a un pozo una hembra tras impactarle un dardo anestésico y su cría días más tarde), sembró el pánico entre la población porque los primates padecían leucemia que, en algunos casos, podrían llegar a transmitir patologías a los humanos. También puso de relieve las pésimas condiciones sanitarias, de salubridad y de seguridad en las que se encontraba toda la colección de animales de este centro, como consta en denuncias del Seprona, del Ayuntamiento y de asociaciones animalistas desde años atrás. El consistorio había logrado hasta ese momento que se retiraran del lugar un puma, un lince euroasiático y un león.
Ahora, el Defensor del Pueblo ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento, en manos del PSPV-PSOE, por no trasladar la información solicitada a las asociaciones animalistas que están detrás de este caso, como son Humanicemos y Animalia Protección Animal, y por no reconocer a la primera la condición de interesado en el procedimiento sancionador abierto contra los particulares de la finca, un matrimonio de edad avanzada.
La asociación Humanicemos, con sede en Cantabria, lamenta “la opacidad” tanto del municipio como de la Conselleria de Medio Ambiente. “Solo hemos podido acceder a la documentación mediante denuncias al Defensor del Pueblo”, afirma su presidenta María Piedad Arcila.
“No hemos dejado de darles información en ningún momento”, se defiende Silvestre García, concejal de Medio Ambiente. “Sí es cierto que hubo un error administrativo porque el primer escrito no se respondió, pero no fue intencionado”, asume. Humanicemos ya presentó una denuncia administrativa para que decomisaran todos los animales y se iniciaría el procedimiento sancionador para el cierre del también conocido como Petit Parc. “A este paso no descartamos denunciar a Guardamar y al Gobierno valenciano por supuesta prevaricación si no adoptan más medidas”, avisa Arcila.
Caso sin fin
El caso del singular zoo privado de Guardamar sigue sin cerrarse pese a las evidencias de maltrato animal, la falta de licencias de explotación y todo un cúmulo de irregularidades administrativas. Desde el Ayuntamiento responden que ya se ha incoado el procedimiento sancionador a los titulares de la finca (a los que este medio ha tratado de contactar sin éxito) por incumplimiento de la ordenanza de control y tenencia de animales, además de imputarles los gastos originados por el decomiso de los animales, que se ha venido produciendo hasta solo quedar en la actualidad gallinas, perros y algunos pájaros.
Ante la pregunta de por qué se está tardando tanto en ejecutar la sanción, el regidor contesta que son un “ayuntamiento pequeño y la capacidad de los técnicos llega hasta donde llega”. A esto hay que sumar que el anterior expediente sancionador que se estaba tramitando “caducó porque expiraron los plazos y otra vez hubo que empezar de cero”, explica. “Solo puedo decir que no va ser una sanción leve, va a ser la máxima que contempla la norma”, responde Silvestre García. La ordenanza contempla sanciones según la gravedad desde los 30 a los 18.000 euros. Otra cuestión es si el matrimonio va a pagar la multa, teniendo en cuenta las dificultades económicas que han aducido cuando la administración les ha inquirido.
Asimismo, otra de las preguntas que sobrevuelan es, por qué la conselleria le otorgó en 2008 la declaración de núcleo zoológico a la finca de Guardamar si ya existían denuncias por irregularidades. Fuentes de Medio Ambiente del Gobierno valenciano afirman que en marzo del año pasado revocaron esta licencia a petición del Ayuntamiento, pero al municipio solo le consta una “intención verbal”, pero no por escrito. Tampoco a la asociación animalista que ha querido personarse en la causa.
Lo importante, coinciden todas las partes, es que los macacos, el que fue capturado y cuatro más que había en la finca, se encuentran desde enero del año pasado libres de peligro. Para ello han tenido que salir de España ante la ausencia de centros especializados de recuperación de animales en el país, sortear varios intentos de aplicarles la eutanasia ante el riesgo de contagio, y acabar en Wales Ape and Monkey Sanctuary de Reino Unido donde “se encuentran muy bien, nada que ver con Guardamar”, afirman desde Animalia Protección Animal.