PP y Vox pactan la creación de una oficina antiabortos en Alicante

El PP y Vox en Alicante retiran mil euros de los presupuestos de Igualdad para crear una oficina antiabortista. Una enmienda de la ultraderecha a los presupuestos municipales, que pasa por la comisión de Hacienda este jueves, plantea la creación de una “Oficina asistencia para la maternidad”, que según el texto presentado por Vox pretende ayudar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

La oficina forma parte de los acuerdos entre el alcalde popular Luis Barcala y la formación de ultraderecha para sacar adelante las cuentas, que se votarán el próximo martes, junto a una oficina antiocupación y la eliminación de las multas en las zonas de bajas emisiones. El acuerdo también contempla las peticiones de Vox acerca de la actualización del Museo de Belenes, el aumento de la dotación a la Escuela Taurina y el inicio de los trabajos para la creación del Museo de la Semana Santa, “una exigencia histórica de la comunidad cofrade alicantina”.

En concreto, el texto indica: “Todas las mujeres tienen derecho a recibir información durante el embarazo y tras el nacimiento de su bebe, por ello esta oficina tratara de orientar a aquellas mujeres que se encuentren en una situación difícil o vulnerable en el momento de descubrir su embarazo y se hallen en un callejón sin salida”. Por ello, continua la enmienda, “se asistirá y apoyará a las mujeres embarazadas para que puedan llevar a término su embarazo, realizando un programa de asesoramiento y orientación sobre las ayudas disponibles”.

El texto no hace referencia explícita a las interrupciones voluntarias del embarazo, pero en el espíritu mismo del departamento subyace la idea. Vox es una formación abiertamente antiabortista, que se declara “pro vida” y con dirigentes como la presidenta de las Corts, Llanos Massó, procedentes de movimientos contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo.

En el informe técnico, los servicios de Economía y Hacienda del consistorio realizan una observación al texto, donde indican que los servicios de detección de vulnerabilidad se realizan desde los servicios sociales, donde existen programas específicos para evitar el riesgo para el menor. En concreto, apuntan los técnicos, que plantean el rechazo a la enmienda, que: “La ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos en su artículo 18 establece el Servicio de prevención e intervención con las familias donde se encarga de la prevención y evaluación de las situaciones de riesgo, así como del diagnóstico social y la intervención de carácter individual o familiar con la infancia y la adolescencia, este servicio se presta desde las cinco unidades de familia y menor ubicadas en los centros sociales donde se ayuda a todas las mujeres en estado de gestación con el objetivo de prevenir y apoyar ante cualquier situación de riesgo que un embarazo inadecuado pueda ocasionar en el menor”. El informe también apunta que en el presupuesto se ha preparado un servicio, que bajo el nombre “cría”, tenga el mismo fin que la oficina que plantea Vox. En consecuencia, piden que la enmienda se rechace.

Compromís ve “ilegal” el acuerdo

La coalición Compromís considera que la propuesta de Vox “es únicamente una oficina antiabortista encubierta” e implica incumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo y presentará en Corts Valencianes una iniciativa para que la Generalitat Valenciana garantice los derechos de las mujeres a tener acceso a información sobre anticoncepción y embarazos no deseados, como recoge la ley estatal.

La diputada Mónica Àlvaro subraya que “este tipo de oficina está terminantemente prohibida” e insta al Ayuntamiento de Alicante a ceñirse a la ley. “Las prestaciones y ayudas a mujeres jóvenes embarazadas ya están garantizadas en los presupuestos de la GVA, puesto que continúan la línea comenzada por el Gobierno del Botánico”, ha señalado Álvaro.