El municipio alicantino de Orihuela cuenta con nueva alcaldesa desde este martes al haber prosperado la moción de censura planteada contra el hasta ahora primer edil, el popular Emilio Bascuñana, médico de profesión, quien resultó imputado por malversación en marzo de 2021 acusado de cobrar de la Conselleria de Sanidad en la época del PP sin que conste que asistiera a su puesto de trabajo durante seis años, con un importe sin justificar de 202.000 euros.
La socialista Carolina Gracia ha sido elegida con los votos favorables del PSPV-PSOE (6 concejales), Ciudadanos (5 concejales) y Cambiemos Orihuela-Podemos (3 concejales) en un Ayuntamiento que cuenta con 25 concejales y concejalas en el que el PP cuenta con 9 y Vox con 2. Los 11 concejales de ambos partidos han votado en contra.
Pese a la situación judicial de Bascuñana, su investigación no ha sido mencionada entre los motivos de la moción de censura ni en el discurso de la nueva alcaldesa socialista. La paralización de la gestión municipal y la incapacidad para llegar a acuerdos y para aprobar unos presupuestos municipales, prorrogados desde 2018, han sido las principales causas de la moción esgrimidos por los portavoces del PSPV y Ciudadanos. Tan solo la portavoz de Cambiemos Orihuela-Podemos, María García Sandoval, ha recordado que además el ya exalcalde está imputado por presunta malversación.
Hasta ahora, el popular Bascuñana gobernaba gracias a un pacto con Ciudadanos. Pese a estar tres años bajo sospecha en virtud del caso destapado por elDiario.es que ahora investiga la justicia, no fue hasta hace un mes que los concejales de la formación naranja, sus socios de gobierno durante dos mandatos, decidieran romper el acuerdo y pactar una moción para un cambio en la alcaldía de Orihuela con los socialistas.
En base a este cambio de criterio, desautorizado por la dirección nacional de Inés Arrimadas, Emilio Bascuñana y el PP valenciano han tratado de desacreditar por todos los medios el acuerdo, que tuvo que ser suscrito ante un notario.
Ciudadanos, por su parte, medita si sancionar a los cinco concejales que han roto el pacto municipal. El comité provincial de Ciudadanos, reunido en Alicante el pasado jueves, ha reclamado a la dirección nacional que tome las medidas necesarias para evitar que prospere la moción de censura, entre ellas la suspensión de militancia de los cinco ediles. En la dirección autonómica optan por ignorar el problema y aseguran que la relación con el PP es la misma de siempre.
“Me voy con las manos limpias”
En su discurso de despedida, Bascuñana ha afirmado que deja la alcaldía “satisfecho con la gestión, con la conciencia tranquila y con las manos limpias, muy limpias”.
Bascuñana ha asegurado que deja la alcaldía en contra de su voluntad: “Los oriolanos me eligieron y me hicieron alcalde dos veces en la expresión más democrática que tiene nuestra política, que son las urnas. A mí nadie me impuso, fui alcalde estos 7 años por ser el más votado por nuestro pueblo. Siempre defenderé nuestra gestión limpia, transparente y honrada, aunque eso haya provocado el rechazo de quienes buscan que ahora otra alcaldesa les permita pasar las líneas rojas que este alcalde les ha impedido traspasar”.
Gracia: “Una decisión legítima”
Por su parte, la nueva alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, ha comentado en su intervención que tiene “la responsabilidad de pasar a la acción ante el escenario de bloqueo e ingobernabilidad del Ayuntamiento”. Una decisión, la de propiciar un cambio de gobierno en la ciudad, que, como ha insistido en numerosas ocasiones, “está meditada y analizada de manera meticulosa”. Y que, “es una decisión legítima y democrática, avalada por un principio fundamental: las mayorías reflejadas por el voto de los vecinos y vecinas”.
“La ciudad, a todos los niveles, ha sido testigo de la manifiesta incapacidad del actual alcalde de dar respuesta a los principales retos del municipio. También, de manera reiterada, hemos sufrido la falta de voluntad y de capacidad de acuerdo del Partido Popular con los distintos grupos municipales para desatascar la gestión municipal”, ha criticado Gracia.
La nueva alcaldesa socialista ha recordado que la ciudad se encuentra sin presupuestos desde el año 2018: “Contamos con un plan general de ordenación urbana con más 40 años de antigüedad. Una ciudad con inversiones paralizadas, con degradación de los servicios municipales como la limpieza de las calles, o el mantenimiento de parques y jardines. Una ciudad en la que los presupuestos participativos están bloqueados, con la suma de la paralización de las juntas de distrito. Con arreglos y construcción de centros educativos procedentes del plan Edificant congelados. Con caos en la gestión de contratos. Y así un largo etcétera”.
Ante este escenario, ha reivindicado “la opción de no ser cómplices de la irresponsabilidad ni de la complacencia” y ha asegurado que no se van a quedar “de brazos cruzados” mientras la gestión política del Ayuntamiento por parte de la actual alcaldía y del Partido Popular sigue paralizada: “Defendimos el ser valientes, y eso también nos trae hoy aquí, enfrentamos este reto con valentía”.
Gracia se ha comprometido a apostar por el bienestar, el empleo, la igualdad, la cultura, la educación, una economía competitiva, un territorio sostenible: “Queremos garantizar el futuro de las nuevas generaciones, avanzando proyectos para generar certidumbres a las familias, a las personas mayores, a los más de 25.000 jóvenes menores de 35 años con los que cuenta nuestra ciudad. Y contribuir a la edificación de una ciudad más respetuosa en lo urbano y defensora de nuestro entorno ecológico”.
El portavoz del PP: “Es cuestión de sueldos, el oficio más viejo”
En el transcurso del debate, el portavoz municipal del PP, Rafael Almagro, acusó a los firmantes de la moción de censuro de apoyarla “por una cuestión de sueldos, al final vamos al oficio más viejo del mundo, vamos a los sueldos”, una afirmación que generó críticas en el pleno.
Se da la contradicción de que Almagro critica una cuestión de sueldos cuando el hasta ahora alcalde de su formación, Emilio Bascuñana, está investigado por haber cobrado presuntamente hasta 202.000 euros de la Conselleria de Sanidad sin que conste que acudiera a su puesto de trabajo durante seis años.