El ministro de Hacienda de Franco entre 1957-65 y gobernador del Banco de España 1965-70, Mariano Navarro Rubio, compró mientras ejercía el alto cargo ministerial (en 1959) una parcela privilegiada en la playa de la Punta de l'Arenal en Xàbia por 10.000 pesetas de la época; el año siguiente construyó un chalé de lujo en dicho espacio rocoso en el que también hay un yacimiento arqueológico de época romana. No siendo suficiente este punto ahora sus descendientes pretendían inscribir 1.005 metros cuadrados más a esa finca, pretensión que ha sido frenada por el Estado.
Ha sido la dirección general de los Registros y del Notariado la que ha rechazado esta apropiación considerado de dominio público, según explica el diario Levante-EMV. Uno de los hijos del ministro Franquista, Rafael Navarro Rubio Serres, consideraba que había un “error” en el registro de la superficie de la finca, por lo que hace unos meses inició los trámites para su corrección, y que el espacio reclamado se añadiera a los 6.680 metros cuadrados de los que dispone actualmente.
Esta reivindicación ha caído en saco roto en todas las instancias, comenzando por el registrador de Xàbia -según explica el mismo periódico-, y ahora también el Ministerio de Justicia ante el cual recurrió el hijo del ministro franquista. Así la dirección general de los Registros y del Notariado ratificó la decisión del registrador local, adjuntando informes de la dirección general de Costas quienes mostrar “una oposición clara y frontal” a esta apropiación privada del espacio público.
El medio también explica que el dirigente económico franquista consiguió legalizar su posesión en 1981 cuando el ministerio de Obras Públicas de la UCD de Calvo Sotelo concedió a la empresa Puntar SA (de los que eran titulares Navarro Rubio y su mujer) la “utilización gratuita y permanente” de la finca. Con la Ley de Costas de 1988 (con el PSOE) la propiedad de la familia fue transformada en concesión por 30 años.
Finalmente, según se explica desde Podemos en una pregunta parlamentaria, en 2014 (4 años antes de caducar la concesión) el Gobierno de Mariano Rajoy reformó la citada ley y concedió otra prórroga de 75 años para el uso de las propiedades edificadas en terrenos propiedad del Estado, una medida a la que se acogieron los herederos de Navarro Rubio y que permitiría alargar la concesión hasta el año 2089.