El Puerto de Santa Pola ha sido escenario este miércoles de un simulacro de atención ante la llegada de personas migrantes a la costa, organizado en el marco de la agenda de trabajo del proyecto europeo Solida que está celebrando su cuarto encuentro en el municipio del 13 al 16 de marzo. Dentro de este proyecto, Santa Pola acoge a varias delegaciones de diferentes países para intercambiar buenas prácticas en materia de migraciones, solidaridad y participación ciudadana.
En la recreación-simulacro, organizada por el Ayuntamiento de Santa Pola, han colaborado todos los agentes implicados en los protocolos de recepción de pateras: Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Local, Protección Civil y la Subdirección General de Puertos.
Jorge Gómez, vicepresidente autonómico de Cruz Roja y responsable de la línea de socorros y emergencias, ha señalado que estos últimos años se está produciendo “un incremento exponencial bastante importante de llegada de pateras”. Los datos que maneja la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana apuntan a que en el 2017 se rescataron y posteriormente detuvieron a 386 personas migrantes en este tipo de embarcaciones, un 221% más que en el año anterior.
Aunque esta cifra queda lejos de las 2.089 que llegaron a las costas de Murcia en el mismo periodo, sí que ponen en evidencia el auge de la ruta en patera procedente sobre todo de Argelia. De las 386 personas interceptadas en Alicante provincia, 357 eran argelinas. La explicación a este fenómeno, según los expertos, se debe a la crisis económica que atraviesa el país africano unido a la presión que ejerce Marruecos para frenar la migración por un lado, y al bloqueo de la ruta de Libia, por otro.
Patricia Compañ, técnica de Cruz Roja responsable provincial de salvamento marítimo, emergencias y llegada de pateras a la costa, ha explicado que el último objetivo de esta organización “es únicamente saber que están bien, si están heridos o tienen conocimiento de alguna otra patera”. Para ello colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el remolque de la embarcación y la llegada a puerto y, por otro lado, la atención sociosanitaria.
Si las personas atendidas no revisten ningún tipo de patología se les pone una pulsera verde, lo que significa que aparentemente presentan un estado de salud estable. A continuación, pasarían a la zona de espera y posteriormente a disposición policial una vez cubiertas las necesidades básicas. En caso de que se detecten mujeres embarazadas, menores de 7 años o algún tipo de patología o herida, se les pone una pulsera roja y se informa a la Guardia Civil y Policía Nacional para que aseguren el traslado al centro de salud o al hospital, donde serán valoradas por personal facultativo.
Por su parte, la Guardia Civil cuenta con un Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que permite localizar embarcaciones a más de 20 millas de la costa. Una vez detectadas, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Cruz Roja o Salvamento Marítimo tienen que tratar de llevarlas a puerto. Todas las fuerzas que van a intervenir en el rescate, policiales o no, se coordinan desde un Centro Operativo de Servicio (COS). El principal problema, ha dicho el teniente jefe de la Guardia Civil del puesto de Santa Pola, Francisco Javier López, es que la mayoría de migrantes en patera vienen sin documentación, ya sea porque se han deshecho de la misma o porque alguna mafia se la intercepta. “Al haberse producido una entrada ilegal tienen que ponerse a disposición judicial por parte de la Policía Nacional”.
La Policía Nacional trabaja en la identificación de las personas migrantes tras la asistencia médica. “La entrada de extranjeros constituye en la legislación española una infracción administrativa, no penal. Se aplica la ley de Inmigración”, ha explicado Ángel Jesús Luengo, jefe de la Brigada de Extranjería de Elche. Se dispone de un plazo de 72 horas para la realización de los trámites de identificación y para poner en conocimiento de la situación a la Subdelegación del Gobierno. En este momento se procede bien a su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros o a su devolución al país de origen. En caso de duda sobre la edad de los jóvenes, se pone en conocimiento a la Fiscalía de Menores para que realicen las pruebas médicas oportunas y determinen si se trata de un menor de edad o no. Si es mayor de edad se procederá con el trámite normal. Si es menor de edad, se internará en un centro de menores, bajo la tutela de la comunidad autónoma correspondiente.