La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana recoge en su último informe cómo el Ayuntamiento de Elche incumplió la ley al fraccionar contratos durante 2015 (último año del Partido Popular) y 2016 (PSOE, Compromís y por entonces Ilicitanos por Elche). El troceo de fracturas o la conversión de contratos que deberían ser mayores por su importe en otros menores es algo que ha venido ocurriendo en numerosos municipios del país, aunque Alicante parece que haya sentado un precedente por las repercusiones políticas que ha tenido.
Allí, el dimisionario alcalde Gabriel Echávarri se vio forzado a dejar el cargo por su doble procesamiento al haber despedido –presuntamente- de manera irregular a una funcionaria interina y por, sobre todo, supuestamente haber fraccionado como contratos menores facturas de distintas campañas publicitarias por valor de 190.000 euros en la concejalía de Comercio que dirigía en 2016.
En Elche, la Sindicatura de Cuentas también encuentra esta misma práctica por el mismo concepto, publicidad institucional, pero con un importe inferior: el conjunto de las facturas revisadas asciende a 40.588 euros. La Ley de Contratos del Sector Público cifraba entonces en 18.000 euros el importe máximo para la realización de contratos menores. La reciente modificación legal rebaja a 15.000 euros el tope máximo. Es por ello que concluye que en 2015 –cuando aún gobernaba el Partido Popular de Mercedes Alonso- “se han identificado diversas facturas con una misma empresa por la emisión en una televisión local de Elche –TeleElx- de diversos programas audiovisuales, como la retransmisión de la agenda cultural o política municipal, entre otros muchos”.
El informe de este organismo independiente fiscaliza la actuación municipal hasta el 2016, fecha en la que también se hallan contratos menores irregulares en la concejalía de Medio Ambiente, dirigida hasta la actualidad por Compromís. El texto afirma que “se han adjudicado dos contratos menores por una cuantía conjunta de 21.786 euros” referente a un producto para luchar contra la plaga del picudo rojo que afecta a las palmeras, cuando “deberían haberse tramitado y licitado conjuntamente, siguiendo los principios de publicidad y transparencia de la contratación administrativa”.
Con todo, a estas irregularidades hay que sumar que, “en un elevado número de los reparos de los ejercicios 2015 y 2016 que han sido revisados se pone de manifiesto que en las relaciones de facturas revisadas se incluyeron algunas por importes superiores a 3.000 euros”, sin que se promovieran los preceptivos expedientes de contratación. “En otras ocasiones –como hemos citado- se hace referencia a que, en determinados gastos, se ha fraccionado el importe al objeto de no promover un procedimiento de contratación”
Es por ello que la Sindicatura de Cuentas establece entre sus “recomendaciones más importantes” que el Ayuntamiento “debe garantizar que no se produzca el fraccionamiento de contratos, con la finalidad de garantizar una mayor concurrencia y una gestión más eficiente de los recursos públicos”.
La Sindicatura valenciana también da un tirón de orejas al consistorio ilicitano por haber permitido durante casi un año la vigencia del contrato caducado “de elevada cuantía”, 4.903.846 euros, consistente en un servicio “de ayuda a domicilio”. El informe especifica que “el contrato tiene una duración de un año, más la posibilidad de un año adicional de prórroga”, pero que la vigencia del contrato anterior finalizaba el 31 de diciembre de 2014, incluidas sus prórrogas legales, mientras que “la formalización del actual contrato” se realiza el 26 de octubre de 2015, “habiéndose comprobado que en el transcurso de este plazo, el anterior contratista siguió prestando el servicio, por común acuerdo entre dicho contratista y el Ayuntamiento”.
Interventor vacante
El organismo fiscalizador también carga contra el Ayuntamiento de Elche por contar con un puesto de interventor vacante “desde hace más de 25 años”. Como el fraccionamiento irregular de contratos, también viene siendo habitual en algunos municipios españoles tener a interventores interinos, en lugar del funcionario de habilitación nacional que marca la ley.
Esto ha permitido a partidos gobernantes ejercer presiones sobre este órgano fiscalizador con el fin de condicionar las decisiones que deba tomar. Este es el argumento que defiende, por ejemplo, el interventor Fernando Urruticoechea, conocido por haber destapado numerosas corruptelas en los municipios que ha estado, los últimos Crevillente o recientemente el de Orihuela del que asegura que tuvo que irse por sufrir “una persecución constante”.
Una gasolinera pública
La Sindicatura de Cuentas también ha revisado las cuentas del año 2016 de las empresas municipales, entre ella Pimesa, que gestiona la concesión de explotación del servicio público de la estación de autobuses de Elche, que incluye la anómala actividad complementaria de “una estación de servicios para venta de carburante”, es decir, una gasolinera pública. El informe aclara “que no es un servicio público sino una iniciativa pública para el desarrollo de una actividad económica en régimen de competencia con el sector privado, por lo que su continuidad está supeditada a que se garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera”.