La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha avalado la decisión de la Subdelegación del Gobierno de Alicante de modificar el itinerario de dos tractoradas de protesta, convocadas para mañana, 16 de febrero, por la organización Jóvenes Agricultores-Asaja, para evitar que invadan las autovías A-7 y A-31 a su paso por la provincia y sean desviadas hacia carreteras secundarias.
Las convocatorias para este viernes eran a las 10h en la A-7 entre San Isidro y Orihuela y a las 8,30 en la A-31 en Villena, mientras que sí se ha permitido la de la CV-700 convocada a las 8,30h en Planes.
El Tribunal entiende que esas resoluciones administrativas, adoptadas el 9 y el 12 de febrero, respectivamente, están justificadas y se basan en informes de la Guardia Civil que advierten de la importante afectación al tráfico rodado que podrían provocar dichas manifestaciones, e incluso un posible corte, en ambas vías principales, las cuales soportan una gran intensidad circulatoria.
“Lejos de ser una decisión inmotivada o caprichosa, se sustenta en razones perfectamente amparadas por la legislación y la jurisprudencia. En modo alguno se priva del ejercicio del derecho constitucional tan repetido, sino que sencillamente se introduce la alteración del recorrido pretendido por los promotores, sin merma alguna de la propia razón de ser y fundamento del ejercicio del derecho de reunión y manifestación”, señalan los magistrados.
De este modo, el Tribunal desestima los recursos interpuestos por la entidad convocante en el marco de un procedimiento especial previsto en la jurisdicción Contencioso-Administrativa para la protección de los derechos de reunión y manifestación. Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
ASAJA mantiene la convocatoria
Pese al mandato de la subdelegación del Gobierno y el aval del TSJCV Asaja ha anunciado que se mantienen los cortes en las carreteras “tal y como estaban previstos desde el principio” y ha cargado contra el subdelegado Juan Antonio Nieves.
Es más aseguran que la decisión, pese a los informes de la Guardia Civil, es “totalmente arbitraria”, y acusan al subdelegado Juan Antonio Nieves de tener “inquina” a esta organización por lo que pide su dimisión “por no estar a la altura del cargo”.