La UME desinfectará una residencia de Elche con 24 positivos entre personal y ancianos tras la denuncia de “inacción” de familiares
La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene previsto intervenir este viernes en la residencia de mayores de Altabix de Elche, de titularidad pública, pero de gestión externalizada, para desinfectar las instalaciones tras detectarse un brote de 24 contagiados, 15 del personal laboral y 9 residentes, de un total de 104 personas ancianas.
Así lo ha confirmado alcalde de la localidad, el socialista Carlos González, quien se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno en la Comunidad y con el secretario a autonómico de Emergencias, José María Ángel, para solicitarles esta intervención -que ya se realizó por primera vez en abril, en plena primera ola- con el fin de intentar frenar la expansión del virus.
Según han venido denunciando familiares pertenecientes a la Asociación por los Derechos y el Bienestar de los Ancianos en Residencias (ADBAR), la Conselleria de Sanidad demoró hasta seis días (el 4 de enero) la realización de test PCR a la plantilla después de confirmarse un positivo en una trabajadora el 29 de diciembre, por lo que durante todo ese tiempo se habría podido expandir la Covid-19.
“Queremos que Sanidad dé explicaciones públicamente acerca de por qué no realizó las pruebas a los trabajadores el día 30 de diciembre tratándose de un centro residencial de mayores con alta contagiosidad y altamente vulnerable y las retrasó al día 4 de enero”, señalan en un comunicado.
Además de reclamar la intervención de la UME, han insistido en la necesidad de la “intervención” por parte de Sanidad del centro de gestión privada, “con la presencia de la Fiscalía”, han añadido. Esta reivindicación no es nueva. En noviembre del año pasado, el Sindic de Greuges requirió que esta residencia fuera rescatada con “personal funcionario” tras constatar la falta de un médico más de un mes, la incomunicación de los residentes con sus familiares o cuestionables condiciones de higiene y sanitarias.
Entonces la Conselleria de Políticas Inclusivas contestó -a preguntas de este medio- que “la legislación actual no permite” la intervención solicitada por el defensor del pueblo valenciano.
Carlos González ya reclamó entonces a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, “una acción urgente para ofrecer atención adecuada a los ancianos de la residencia”. Mientras, los familiares se preguntan cuándo se cubrirán las bajas de los 15 trabajadores con coronavirus.
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