El futuro del bloque de Portuarios del Cabanyal está encima de la mesa. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València (Compromís, PSPV y València en Comú) tomará una decisión al respecto en las próximas semanas sobre dos posibles alternativas: derribar el inmueble y volverlo a construir con posibles variantes (menos alturas y más superficie) o rehabilitarlo.
En ambos casos se tomarían las medidas necesarias para adecuar los costes a las posibilidades de cada familia, mediante ayudas públicas, entre otras alternativas.
Una tercera opción que suponía demolerlo y habilitar una zona verde tal y como establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está prácticamente descartada.
En este contexto, los diferentes partidos que integran el Govern de la Nau tratarán de imponer su criterio, apoyados de informes técnicos.
El primero y más completo lo ha elaborado la empresa pública Actuaciones Urbanas Municipales (Aumsa), controlada por el concejal de Urbanismo socialista Vicent Sarrià.
En la línea de la visión del PSPV, que defiende la opción del derribo y reconstrucción, el estudio concluye que el bloque está en situación de de ruina legal, puesto que la normativa (artículo 181 de la LOTUP) otorga esta consideración cuando “el coste (de las obras) supere la mitad del valor de una construcción de nueva planta”.
El documento establece además que la vida útil de la estructura se encuentra completamente agotada. Aún así, añade que a corto plazo la estabilidad del edificio parece asegurada, pero urge a realizar una intervención de refuerzo en vigas y forjado.
Así, cifra la opción de la rehabilitación en 14,3 millones de euros y la del derribo y reconstrucción en 13,7 millones, lo que avalaría la declaración de ruina y la posición del PSPV.
Sin embargo, València en Comú, plataforma controlada por Podemos, defenderá la opción de la rehabilitación y lo hará a partir de un estudio de la Concejalía de Vivienda que dirige María Oliver, el cual concluye que es factible realizar una rehabilitación con un coste de 2,3 millones de euros, 12 millones menos que lo presupuestado en el documento de Aumsa.
El informe, en contra del elaborado por la empresa pública, destaca que la estructura del edifico presenta un buen estado en general, salvando algunas pequeñas patologías y a falta de catas y ensayos para conocer con precisión el estado del hormigón.
Además, añade que posee unas condiciones correctas y suficientes de seguridad y habitabilidad para continuar en uso, siempre y cuando se mejoren y renueven los aspectos más deteriorados.
Según el estudio económico, cada vivienda en escalera debería aportar 14.674 euros, mientras los pisos en planta baja deberían poner 8.125 euros, lo que daría en total los 2,3 millones presupuestados en total. Además, añade que los trabajos de enlucido y pintura que no requieran andamio podrían realizarlos los propios vecinos facilitándoles el material.
Al respecto, València en Comú planteó este lunes realizar un censo de vecinos que defina quiénes forman actualmente la comunidad del edificio Bloque Portuarios y defiendió que sea esta comunidad la que decida qué tipo de rehabilitación quiere para el edificio.
El edificio cuenta con un total de 168 viviendas, de las cuales 91 son de propiedad privada (cuatro de entidades bancarias), y 77 de titularidad pública, de las que 36 son de la Conselleria de Vivienda, siete del Ayuntamiento y 34 del Plan Cabanyal, empresa pública participada por ambas administraciones.
Por su parte, desde el grupo municipal Compromís han comentado que su postura de partida es favorable a la rehabilitación, pero siempre teniendo en cuenta todos los informes técnicos. Una vez analizados con detalle, fijarán una posición final que será la que defiendan ante los socios.