El penoso año que espera al PP valenciano: seis investigaciones, cinco juicios y dos bombas de relojería

El año 2018 se presenta judicialmente muy complicado para el Partido Popular (PP) valenciano. La formación que lidera Isabel Bonig no ha podido quitarse el fantasma de los gobiernos de Francisco Camps de encima -la propia Bonig formó parte de su Consell- y los próximos meses el partido volverá a verse atrapado en un campo de minas de casos de corrupción que, en el caso de la Fórmula 1, podría afectar directamente a la propia presidenta de los populares valencianos.

Entre el próximo 15 de enero, cuando arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la financiación ilegal del PP de Camps, y el 31 de diciembre, cargos y excargos del PP valenciano se enfrentan a cinco juicios, seis instrucciones judiciales abiertas con una veintena de piezas separadas, una sentencia y dos bombas de relojería que podrían dejar fuera de juego a alguno de los actuales dirigentes.

Estos dos explosivos retardados son el caso Valmor y la pieza separada del caso Taula que investiga Ciegsa -la empresa de construcción de colegios que acabó con un agujero de más de 1.000 millones de euros de deuda- y son los que más preocupan a la actual dirección.

Valmor y Taula (Ciegsa)

La instrucción del caso de la sociedad privada que organizó la Fórmula 1 en València podría salpicar a la propia presidenta del PP valenciano, ya que Isabel Bonig formaba parte del Consell que autorizó la compra de Valmor por un euro asumiendo una deuda de alrededor de 30 millones. Para esta pesquisas, el juzgado de Instrucción número 2 de València ha abierto una pieza separada. Por la otra pieza abierta declara el expresidente Francisco Camps el próximo 24 de enero.

Por su parte, en la investigación del agujero de Ciegsa ha trascendido que el exvicepresidente y poder en la sombra del PP valenciano, José Císcar, contrató o autorizó presuntamente a sabiendas personal que nunca acudió a trabajar a la empresa pública y que estaba vinculado al partido. La propia portavoz del PP en Educación y actual diputada, Beatriz Gascó, habría sido uno de estos empleados zombis, según un informe de la Conselleria de Educación aportado al caso.

Gürtel en la Audiencia Nacional

El primer juicio en arrancar será el del caso Gürtel, en concreto la rama de la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Se celebra desde el día 15 de enero en la Audiencia Nacional y sienta en el banquillo al que fuera secretario general de Camps, Ricardo Costa -absuelto de la causa de los trajes-, al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y a 17 personas más que fueron diputados u ocuparon cargos en el partido. Varios empresarios que habrían pagado las comisiones las han reconocido ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que les podría salvar de la cárcel. Los políticos y expolíticos, en cambio, se enfrentan a penas de hasta ocho años de prisión.

Caso Brugal en Alicante

Otro juicio que ya tiene fecha en 2018 es el caso Brugal de Alicante, que investiga los contratos de basura en Orihuela. Se sentarán en el banquillo desde el próximo 19 de febrero 34 personas, entre ellas dos exalcaldes del PP de la capital de la Vega Baja, José Manuel Medina y Mónica Lorente, otros siete concejales de ese mismo partido y el empresario Ángel Fenoll. Esta investigación dio pie a los posteriores escándalos de corrupción en el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante.

Casos Blasco, Grau y Palau 

La trama Blasco también se volverá a sentar en el banquillo, en este caso por las piezas separadas 2 y 3 del caso Cooperación. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 16 años de cárcel, aunque la mayoría, como el exconseller Rafael Blasco, ya están entre rejas por la sentencia firme de la pieza separada número 1. 

El que fuera mano derecha de la alcaldesa de València Rita Barberá, Alfonso Grau, también se sentará en el banquillo por cohecho y blanqueo de capitales por presuntamente haber aceptados relojes de lujo de un empresario. 

Este año también será crucial para los acusados en el caso Palau de les Arts. La exintendente de la ópera valenciana y varios potentados miembros de la burguesía de la ciudad se enfrentan a siete años y medio de prisión por falsedad, malversación de caudales públicos y prevaricación por presuntamente haber cobrado trabajos en el coliseo de manera irregular a través de una empresa externa de la que eran propietarios.

Sentencia del caso Emarsa

En este año también llegará la sentencia del caso Emarsa, la investigación sobre la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (València). Los 24 acusados se enfrentan a penas de hasta 24 años para los presuntos cabecillas, la mayoría expolíticos del PP. El agujero de dinero público llegó a los 24 millones de euros y la instrucción y juicio de esta compleja causa duró desde octubre de 2010 a diciembre de 2017. 

Causas vivas como el caso Castellano o el caso IVAM

Pero los próximos meses continuarán conociéndose nuevas pesquisas de los casos de corrupción del PP valenciano y de su gestión en la Generalitat y otras instituciones. Sigue en marcha el caso Taula, con todas sus derivadas y el PP de València ciudad -el más importante de la Comunitat Valenciana- abierto en canal. También continúan las pesquisas sobre el exdelegado del Gobierno, exconseller y exsecretario general popular, Serafín Castellano, tanto por el “cártel del fuego” como por los presuntos amaños de contratos a la empresa de una amigo.

Son ya perennes los problemas para la familia Blasco en los contratos con la Conselleria de Sanidad y el Hospital General y el caso IVAM, que afecta a Consuelo Císcar -mujer de Rafael Blasco-.

Una nueva causa que trascendió esta semana y que ya se investiga en el juzgado de Instrucción número 4 de València se suma a la ristra de escándalos de corrupción de los 20 años de mayorías absolutas del PP. Las presuntas restauraciones con dinero público de libros antiguos de la familia del exgobernador del Banco de España.

Un año complicado para el PP de Isabel Bonig que condicionará su labor de oposición y que dará munición a los partidos que están en el actual gobierno valenciano. Y a 17 meses de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019.