Carlos Mazón fue elegido presidente del Gobierno valenciano el 13 de julio del año pasado tras un pacto exprés con Vox, el más rápido de todos los que se rubricaron a nivel autonómico, tan solo dos semanas después de las elecciones. Un pacto que el líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, ha dado por roto junto al del resto de gobiernos autonómicos que compartían con los populares.
La realidad es que, salvo por pequeños roces normales en todo Gobierno de coalición, ambos partidos se encontraban cómodos gobernando juntos, partiendo de la sintonía que siempre han exhibido públicamente el presidente Mazón y su socio de extrema derecha y vicepresidente, Vicente Barrera.
Esta buena relación ha permitido alcanzar acuerdos importantes a lo largo del año que ha durado el pacto, principalmente los presupuestos autonómicos, pero también cambios normativos que han ido en la línea de tumbar las principales leyes aprobadas en los últimos ocho años por el Gobierno del Botánico de izquierdas en asuntos como la memoria histórica, la protección del medio ambiente o el uso del valenciano. En cuanto a la excelencia en la gestión, uno de los mantras más recurrentes de la derecha, apenas se ha ejecutado un 5% del presupuesto en este primer semestre. En esta línea, destaca el colapso en las inspecciones técnicas de vehículos que no se ha logrado solventar un año después.
Una de las primeras medidas aprobadas por el bipartito del PP y de Vox fue la rebaja fiscal que benefició principalmente a las rentas más altas mediante la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este tributo aportó a las arcas públicas 354 millones de euros en 2022 y la previsión de recaudación para 2023 era de 392 millones de euros. A esto se unió la derogación de una tasa turística que era de aplicación voluntaria por cada municipio.
Lo que vino a continuación fueron recortes en Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Así, tal y como ha informado este diario, ha habido reducción de la oferta en las escuelas oficiales de idiomas o de 63,5 millones en el Pla Edificant para nuevos colegios, impagos a los sanitarios que participan en los planes para reducir la lista de espera quirúrgica y retrasos en los pagos de la dependencia, así cómo solicitudes sin tramitar.
A nivel legislativo, este jueves se concretó en las Corts Valencianes la derogación de la ley valenciana de memoria democrática y se aprobó la de “concordia”, que equipara el franquismo con el periodo democrático de la Segunda República Española. Además se tramitaba la reforma de la radiotelevisión pública, que asegura su control por parte de los conservadores; cambios en transparencia y la Agencia Antifraude, con la renovación del ente bloqueado, y una nueva ley educativa que regresa al distrito único segregador y reduce la presencia del valenciano en las aulas.
A nivel de protección del medio ambiente, el nuevo decreto de simplificación administrativa conocido como Plan Simplifica de la Generalitat Valenciana enmascara la reducción de la distancia a la que se permite construir en el litoral de los 500 metros actuales establecidos por el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana) aprobado por el Botánico, a 100 metros. El PP y Vox pretenden dejar sin efecto el Pativel y la Ley de l'Horta, por un lado con una nueva Ley de Costas valenciana y por otro reformulando los artículos más proteccionistas para posibilitar determinadas edificaciones en suelo agrícola. En este primer ejercicio se ha anunciado también una ley de turismo y una para acelerar la tramitación de renovables (que siguen estancadas).
En materia de vivienda, uno de los principales caballos de batalla de la legislatura, tan solo se ha presentado un plan que viene a ser un mero reciclaje del anunciado en el último tramo de la pasada legislatura. El 'Plan Vive', que promete la construcción de 10.000 viviendas de protección pública “mediante la movilización de suelo público disponible y la colaboración público-privada” al final de la legislatura, en el año 2027. El Consell del PP y Vox asegura que quiere aprovechar el suelo público residencial ya existente empleando mecanismos de colaboración con las empresas. Lo mismo sucedió con el Plan de Salud Mental, presentado a bombo y platillo, dotado con 284 millones de euros, 12 menos que el presentado por el anterior ejecutivo de izquierdas.
Conflictos por la violencia machista y con el colectivo LGTBI
En este año de Gobierno valenciano del PP con Vox se han dado conflicto entre los socios a cuenta de la forma de visibilizar la violencia machista y ha habido sonados enfrentamientos con el colectivo LGTBI.
Respecto a las referencias a la violencia de género quedaron a criterio de la Conselleria de Igualdad, que cuenta con rango de vicepresidencia segunda. La vicepresidenta y consellera Susana Camarero se ha enfrentado a los colectivos feministas y a los LGTB+, que se han plantado ante su gestión; unas alertan contra el “retroceso” en políticas de igualdad, contra la inclusión de negacionistas de la violencia de género en las instituciones y contra el registro de una fundación de “hombres maltratados” por sus mujeres; otros contra el 'pinkwashing' de su departamento y la expulsión de los colectivos de los actos institucionales. Del mismo modo que no ha habido unanimidad contra la lgtbifobia, tampoco ha habido pancarta contra la violencia machista en las Corts Valencianes.