Un “filántropo”. Así describió —varias veces— a Eduardo Zaplana el fiscal anticorrupción en un tono más que irónico. Pablo Ponce desglosó durante cinco horas de reloj su informe de conclusiones del juicio contra el exministro del PP, al que rebajó la petición de pena de los 19 años solicitados inicialmente a 17 al haber retirado el presunto delito de falsedad en documento público. Esa fue la única buena noticia para Zaplana en una sesión del juicio en la que el representante del Ministerio Público trazó un retrato demoledor de la organización criminal presuntamente liderada por el expolítico popular. Probablemente nunca en su vida pública Zaplana había recibido tal retahíla de reproches y acusaciones. Pablo Ponce demostró que conoce el sumario al dedillo y aportó todo tipo de detalles reveladores, en una auténtica artillería de indicios, que “fluyen de manera natural”, y pruebas contra el principal acusado. “Siguiendo el rastro del dinero, es el beneficiario de todo”, dijo Ponce.
El fiscal defendió los pactos de conformidad con cuatro de los acusados clave (el exjefe de gabinete de Zaplana, su testaferro confeso y dos empresarios de la familia Cotino). La rebaja de penas “no mina su credibilidad”, dijo Ponce. También avaló, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el hallazgo casual por parte de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la documentación que permitió tirar del hilo de la presunta fortuna en el extranjero del expresidente de la Generalitat Valenciana. Así, la policía judicial “cumplió con su obligación” con una “extraordinaria actuación”.
Además, Ponce destacó que el penalista Ramir Blasco (el propietario del despacho en el que fueron intervenidos los papeles que un empresario sirio encontró en una vivienda en la que había vivido Zaplana y luego entregó a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero') descartó cualquier tipo de “intromisión” o irregularidad por parte de los agentes de la UCO, avalando así la legalidad del registro. Si bien la declaración del empresario Imad Al Naddaf “ha sido persistente” tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral, “contrariamente” la del 'yonqui del dinero' fue “errática” y responde a “criterios espurios”, según el representante de la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal arremetió contra algunas derivas de la estrategia de la defensa del exministro popular. “Aquí no hemos traído a ningún condenado por corrupción”, afirmó en referencia a “tres personas condenadas por delitos graves”: el excomisario José Manuel Villarejo, Marcos Benavent (condenado en el marco del 'caso Taula') y Roberto López Abad, expresidente de la CAM. Se trata de los testigos más mediáticos que declararon a petición de la defensa de Eduardo Zaplana. Villarejo y el 'yonqui del dinero' defendieron al unísono una suerte de teoría de la conspiración contra Zaplana para explicar la supuesta naturaleza viciada del 'caso Erial'.
El fiscal también aludió a uno de los testigos que exculpó a Eduardo Zaplana —su fisioterapeuta y amigo Miguel Maeso— y recordó la fotografía publicada por elDiario.es de una comida entre Zaplana y Maeso acaecida dos semanas antes de la declaración en el juicio: “Después de haber salido en prensa que días antes había comido con el señor Zaplana, para nosotros su declaración es totalmente irrelevante”, afirmó Pablo Ponce.
Una privatización injustificada
La presunta trama corrupta, a juicio de la acusación pública, partió de la “predeterminación” (amaño) de las adjudicaciones del Plan Eólico y de la privatización del servicio de ITV en 1997, “bajo el mandato presidencial del señor Zaplana”. “No había ninguna justificación para que las ITV fueran privatizadas”, dijo el fiscal, a pesar de que algunos consellers del Ejecutivo de Zaplana “han glosado las maravillosas actuaciones” en sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio. La privatización, apostilló Pablo Ponce, respondía al “concierto” entre Eduardo Zaplana y Juan Cotino para rascar comisiones con las plusvalías obtenidas por Sedesa.
Además, también aludió a la sustitución, apenas dos días antes de la mesa de contratación, del interventor que había puesto reparos a ciertos aspectos de la licitación. La sustitución la firmó José Luis Olivas, expresidente autonómico que también figura como acusado. “Esto no es normal, no sucede en otras mesas de contratación”, dijo el fiscal. “El cambio del interventor es fundamental para que todo fluya con naturalidad”, apostilló.
La red del 'caso Erial' usó, además, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que, según recordó, “fue absorbida, porque estaba totalmente quebrada, por un euro por el Banco Sabadell”. Se trataba, según el fiscal, de la “caja de cabecera” de Eduardo Zaplana.
Tanto Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, como los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del expolítico del PP Juan Cotino, confesaron el amaño de las adjudicaciones y el pago de comisiones en paraísos fiscales. La declaración autoinculpatoria de Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro y amigo de la infancia de Zaplana, completó la tanda de confesiones apuntalando la acusación pública. “Todo” el dinero de las mordidas, afirmó Ponce, “sale única y exclusivamente de Sedesa”, la empresa de la familia Cotino.
La presunta red corrupta eligió Luxemburgo como destino para esconder las mordidas y a Beatriz Garcia Paesa, sobrina del famoso espía, para que ejerciera de fiduciaria del tinglado societario en el Gran Ducado mediante empresas 'offshore'. “Lo que se paga es la confidencialidad; si no estás de acuerdo te vas a un banco, como hacemos las demás personas”, dijo en referencia al papel de García Paesa, siempre situada en la delgada linea que separa lo lícito de lo ilícito (actualmente figura como investigada en la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Defex').
El fiscal también recordó la historia contemporánea de Luxemburgo como plaza fuerte de los paraísos fiscales, a raíz de una ley de 1929 que derivó en un auténtico enfrentamiento con la Unión Europea al otorgar “beneficios fiscales injustificados”, convirtiéndose así en un destino preferente de corruptos, evasores y demás delincuencia de cuello blanco. “Luxemburgo, a día de hoy, sigue apareciendo como uno de los países con mayor secreto bancario, ocupa el sexto lugar”, agregó Ponce.
Dinero negro (y no sucio)
El representante del Ministerio Público aludió en su informe a la distinción entre dinero sucio y dinero negro, un mensaje nada críptico dirigido al presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano. Se trata del juez conservador que encabeza la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València y que estableció la distinción entre dinero sucio y dinero negro para tumbar el procesamiento de medio centenar de asesores y ediles de Rita Barberá en la pieza separada A del 'caso Taula'. Una polémica resolución que contó con un contundente voto particular de la magistrada Clara Bayarri.
Una vez que Zaplana abandonó la política activa para incorporarse a la dirección de Telefónica, con unos emolumentos de 700.000 euros anuales, cualquier pecunio sin justificar sería dinero negro, a juicio del fiscal. Pedro Castellano, que se había mantenido completamente impertérrito durante la exposición del informe de conclusiones del fiscal, tomó nota a mano de la argumentación. La presunta trama manejó una 'cifra de negocio' de 20,6 millones de euros, según Anticorrupción. La jueza instructora atribuyó a Zaplana un 'botín' de 15 millones de euros.
El fiscal destacó el “papel fundamental” de Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana, para la “ocultación del dinero ilícito”. También el de Mitsouko Henríquez, la secretaria de Zaplana a la que el principal acusado “ha colocado durante toda la vida” a su “amparo” tanto en sus cargos públicos de presidente autonómico y ministro como en su puesto de directivo de Telefónica. Gran parte de las comunicaciones sospechosas de la trama dirigidas a Zaplana pasaban por Henríquez, quien mantuvo un papel que no es “acorde con lo que tiene que ver con una secretaria”, según el fiscal. “Eduardo Zaplana no quería relacionarse ni que le relacionasen con nadie a través de correos electrónicos”, afirmó Pablo Ponce en una aseveración calcada a la del fiduciario uruguayo Fernando Belhot durante la fase de instrucción.
Al abogado Saturnino Suanzes le responsabilizó de “diseñar una estrategia”, por orden de Zaplana, para justificar el origen de los fondos ilícitos una vez que la Banca Privada d'Andorra (BPA) fue intervenida por blanqueo de capitales del crimen organizado. El papel del empresario Francisco Pérez López, expresidente del PP de Benidorm más conocido como 'Paco Gasofa', consistió en “evitar” que Zaplana apareciera como el “disfrutador” de bienes y yates de la trama. Un rol similar que achaca también al empresario Carlos Gutiérrez Nomdedeu.
“Todo” conduce a Eduardo Zaplana
“Todos los hechos concatenados de manera lógica conducen a Eduardo Zaplana”, concluyó el fiscal Pablo Ponce. El representante del Ministerio Público aprovechó para agradecer la labor “magnífica” de la jueza de instrucción, Isabel Rodríguez Guerola (a pesar de las tremendas presiones que sufrió), y la “extraordinaria” investigación de los agentes de la UCO, a pesar de sus “escasos sueldos”. “Cuando esta buena gente se pone a la labor, no salen más que cosas buenas”, dijo Pablo Ponce.
El contraste entre el Estado de Derecho y la corrupción sobrevoló toda la exposición de las conclusiones del fiscal. Ponce recordó que Zaplana cobraba aproximadamente 700.000 euros como directivo de Telefónica mientras comandaba la supuesta trama: “Este señor no era pobre, no andaba escaso de dinero, andaba sobrado de dinero”, dijo.
Pablo Ponce no hizo ni una pausa, ni siquiera para beber un sorbo de agua. Fueron cinco horas sin tregua de un fiscal implacable con la corrupción.