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Anticorrupción archiva las diligencias por un contrato de la Diputación a un amigo de Mazón al no ver indicios de delito

Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Alicante.

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Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar la investigación sobre un contrato de publicidad de la Diputación de Alicante al entender que no existen “indicios suficientes que permitan inferir la comisión de ningún tipo de infracción penal”.

El ministerio público decidió abrir diligencias a raíz de una denuncia presentada por el portavoz de Compromís en la institución provincial, Ximo Perles, por supuestas irregularidades en un expediente tramitado en 2023, con un precio base de licitación de 1.043.480,42 euros y un valor estimado del contrato de 3.130.441,26.

En el decreto del fiscal, consultado por Europa Press, el representante del ministerio público señala que “sin perjuicio de las valoraciones que se puedan realizar en otros órdenes” y “de que sería deseable una mejor técnica en la redacción de los pliegos”, no se aprecian evidencias suficientes de la comisión de un delito de falsedad en lo que se refiere a los descuentos que en su oferta expuso la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Idex Ideas y Expansión SL y Buena Suerte Señor Gorsky SL.

“Es cierto que los responsables de los medios que comparecieron en Fiscalía manifestaron que no habían negociado esos porcentajes de rebaja, pero lo cierto es que los pliegos no exigen en ningún momento que los descuentos hayan sido negociados y aceptados por los medios de comunicación”, añade el ministerio público.

Perles entendía que el proceso de licitación podría vulnerar los artículos 100, 101, 102 y 309 de la Ley de Contratos del Sector Público y “el principio de igualdad de trato a todos los licitadores”, lo que, a su juicio, “habría ocasionado una adjudicación arbitraria a favor” de la mencionada UTE.

“Mayor claridad en la determinación del precio

Asimismo, el ministerio público apunta que el portavoz de la coalición en la Diputación “habla de la opacidad y de la falta de conocimiento de los precios de los diferentes medios” cuando la investigación “ha aportado, como se desprende de las declaraciones testificales presentadas por los responsables de los medios que comparecieron en Fiscalía, que los diferentes medios suelen publicar sus precios en sus webs y/o redes sociales”.

“Sería predicable una mayor claridad en la determinación del precio de la prestación, si bien se puede fijar acudiendo a los precios de los diferentes medios sobre los que se establece el tanto por ciento de descuento”, agrega.

El archivo “avala la legalidad del procedimiento”

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Alicante, en declaraciones del diputado de Contratación, Juan de Dios Navarro, ha señalado este jueves que el archivo por parte de Anticorrupción “avala, una vez más, la legalidad del procedimiento”.

En este sentido, Navarro ha pedido al grupo Compromís, denunciante en esta causa, una disculpa “por poner en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de la casa”, después de que “los tribunales hayan avalado la legalidad de los expedientes de planificación y compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación de la institución provincial, al descartar indicios de delito o trato de favor de la administración adjudicataria”.

“La justicia nos ha vuelto a dar la razón en la tramitación de un expediente que ya había sido avalado hasta en cuatro ocasiones por distintos tribunales de la provincia desde el año 2022”, ha puntualizado el responsable provincial a través de un comunicado.

Y ha apuntado: “Como ha quedado demostrado, los contratos cumplen completamente con la legalidad vigente y así lo han determinado los tribunales de justicia, dos con sentencias del Juzgado de lo Contencioso, dos con resoluciones del Tribunal Especial en Materia de Contratación y ahora la Fiscalía Anticorrupción, que no aprecia indicios de que se haya cometido infracción penal”.

De hecho, Navarro cree que “es muy grave que se acuse directamente a trabajadores de esta institución de participar en una trama fraudulenta y ahora solo queda que Compromís pida disculpas por haber echado por tierra el trabajo, la honradez y la credibilidad de los técnicos y administrativos de esta institución”.

Además, ha criticado el “acoso político” que, a su juicio, ha ejercido la coalición valencianista, y ha indicado que, “en la última resolución por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el señor Ximo Perles, portavoz de la formación, fue condenado a pagar mil euros por temeridad en la imposición del recurso”.

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