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La agonía de la mayor investigación en una década contra la mafia rusa en España se prolonga asistida con cuidados paliativos judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha dejado en suspenso su propio auto de sobreseimiento libre y archivo de la causa por la presunta red de blanqueo de la mafia rusa en la costa valenciana, tras haber incurrido en un grave error procesal que hace peligrar una investigación sobre el crimen organizado del Este que contó con la asistencia operativa de Europol y prolongó sus pesquisas en secreto durante siete años. Entre la veintena de imputados figuraban antiguos cargos del PP y agentes de la Guardia Civil.
La Fiscalía Anticorrupción, según ha avanzado el diario Información, ha presentado un recurso de súplica contra el auto de la jueza que acordaba el archivo de la causa al haber tomado declaración a los investigados sin haber prolongado el plazo de instrucción. Además, la magistrada también acordó la devolución de los bienes intervenidos durante la operación Testudo a los presuntos miembros de la red de blanqueo vinculada al crimen organizado ruso, incluyendo propiedades inmobiliarias, vehículos y relojes de lujo. Ambas resoluciones quedan suspendidas temporalmente.
La Audiencia Provincial de Alicante, según han confirmado fuentes judiciales, estudia el recurso del Ministerio Fiscal, que solicita la validación de las citaciones de los investigados, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, a pesar de que fueron acordadas “fuera de los plazos perentorios de la instrucción”, tal como reconoció la jueza. En su última resolución, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm comunica a las partes que el recurso de los fiscales José Grinda y Juan José Rosa tiene “eficacia suspensiva” y da dos días de plazo para que presenten alegaciones.
El sobreseimiento libre y archivo de la causa queda brevemente suspendido hasta que la Audiencia Provincial de Alicante se pronuncie. También la devolución de los bienes intervenidos a los investigados. La Fiscalía Anticorrupción intenta así salvar una investigación que contó con el apoyo operativo de Europol y que destapó la presencia del crimen organizado ruso en localidades turísticas como Benidorm y Altea.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante estimó los recursos de las defensas contra la providencia que citaba a declarar a los investigados, dictada sin haber prolongado el plazo de instrucción. En la práctica, el auto de la Audiencia Provincial de Alicante propiciaba el fin de una causa que nacía tras siete años de investigación secreta que revelaba las presuntas actividades en materia de blanqueo de capitales por parte del crimen organizado ruso.
Sobreseimiento libre
El principal investigado, el abogado Alexey Shirokov, militaba en el PP. La resolución de la jueza, ahora suspendida, decretaba el sobreseimiento libre (equivalente en la práctica a una absolución antes del procesamiento) para el empresario ruso Mikhail Danilov, quien según las pesquisas policiales ha realizado viajes a España en compañía de Levan Dazhangveladze, hermano y hombre de confianza del Ladrón de Ley Merab Dazhangveladze.
La investigación también señalaba que Danilov estaba presuntamente relacionado con Boris Ivanyuzhenkov y Maxim Lalakin, dos líderes del Sindicato del Crimen Podolskaya. Con Ivanyuzhenkov mantenía “constantes conversaciones telefónicas” y con Lalakin había viajado a España.
Danilov estaba imputado en la causa por la adquisición junto con su esposa Yulia Alekseeva de una vivienda de lujo en Altea con fondos provenientes de una entidad bancaria suiza. La Policía catalogaba al hombre como un empresario supuestamente utilizado por la criminalidad organizada rusa para blanquear los beneficios de sus delitos mediante su fachada legal.
El agente de la Guardia Civil Marcos Rodríguez Capón, al que la instrucción consideraba un presunto “miembro más” de la red, se encontraba asimismo entre los investigados. El auto también decretó el sobreseimiento libre para, entre otros, el edil de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, al que ya se le había sobreseído provisionalmente la causa. Al exconcejal y expresidente del PP de Altea Jaime Sellés, ya se le había sobreseído la causa el pasado mes de febrero.
Red de blanqueo
Según la investigación de la operación Testudo, la presunta red movía “sustanciosas cantidades monetarias entre España y Rusia sin llamar la atención de las autoridades” para invertirlo posteriormente en los sectores del ocio, de la hostelería e inmobiliario de la costa valenciana, especialmente en localidades como Benidorm o Altea, en un contexto de declive de la burbuja inmobiliaria.
En otro auto posterior, la jueza detallaba la “forma piramidal” de la supuesta organización criminal. Así, el primer nivel lo conformaban “empresarios rusos reconocidos en su país de origen, usados por las organizaciones criminales exsoviéticas y vinculadas a ellas y a sus miembros para poder llevar a cabo sus negocios sin despertar sospechas”. “Sirviéndose”, agrega, “de una fachada de hombres de negocios de prestigio por todo el mundo”.
Los supuestos fondos ilícitos provenían de la cúpula del crimen organizado ruso de “alto nivel criminal”, según datos de inteligencia policial de Europol. El grupo de blanqueo de capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante detectó “movimientos extraños” de capital por parte de ciudadanos rusos afincados en la costa valenciana, que recibían grandes transferencias de sociedades extranjeras “cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados” y que provenían, presuntamente, del crimen organizado. Concretamente de hampones de los grupos Vory V Zakone (Ladrones de Ley) y del Sindicato del Crimen Podolskaya.
Por debajo, la instrucción situaba a presuntos blanqueadores que, mediante empresas pantalla (y “a sabiendas de la ilegalidad del origen del dinero”) ejecutaban las operaciones de lavado de los presuntos fondos ilícitos. En el siguiente escalón de la pirámide, la jueza colocaba a los supuestos testaferros y transportistas del efectivo.
En el escalón más bajo de la pirámide estarían situados funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a cambio de dinero o de otros favores, colaboraban con la presunta trama. La presunta red del hampa del Este, tal como informó este diario, compró a policías y guardias civiles para labores ilegales de seguridad y cobro de deudas, según la instrucción.