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El fin del confinamiento ha traído consigo el desbloqueo de la causa abierta contra el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, del PP, por haber estado seis años sin acudir a su puesto de trabajo cuando era asesor en la la dirección territorial de Sanidad en Alicante entre 2007 y 2014. La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la causa derivada de la Fiscalía Provincial y ya ha empezado la investigación que viene con dos informes previos que apuntalan las irregularidades cometidas por el político del PP en su pasado laboral, mientras compaginaba su puesto en la Sanidad valenciana con la presidencia de la Cruz Roja en Alicante.
El fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante Pablo Romero es quien instruye la causa y, según ha podido saber eldiario.es, ha citado para el próximo 16 de julio como testigo a la inspectora adscrita a la dirección general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad que selló el informe que acredita que Bascuñana nunca apareció por el puesto de trabajo como asesor por el que cobraba un sueldo de 55.000 euros brutos anuales.
Esta inspectora firmó el informe que posteriormente Sanidad envió a la Fiscalía Provincial que evidenciaba que Bascuñana no pasó nunca por el puesto de trabajo que tenía asignado en la dirección territorial, ni cogió vacaciones, ni presentó ningún informe, ni tampoco una baja laboral. Además, era una persona desconocida para los funcionarios del departamento pese a haber estado adscrito allí seis años.
Donde sí que hizo algunos trabajos esporádicos a partir de 2012 -nada se ha encontrado entre 2007 y 2012- fue en su plaza de médico de familia en ambulatorios de pedanías de Orihuela, aunque seguía renovando su adscripción funcional a la dirección territorial, algo que en más de dos años de polémica desde que eldiario.es destapara el escándalo el 29 de abril de 2019 no ha aclarado.
Tras esta denuncia inicial de Sanidad, una fiscal instructora adscrita a la Fiscalía Provincial de Alicante realizó una investigación y concluyó que el político oriolano habría cometido un delito de apropiación indebida por estar seis años cobrando como asesor sin acudir a su puesto de trabajo. Esta actuación confirmó que el posible ilícito penal no estaba prescrito y que, en caso de acabar en un juzgado, las penas de cárcel van de tres a seis años.
Esta investigación primera fue remitida a Orihuela para que fuera instruida en la fiscalía del área Elche-Orihuela, puesto que el delito habría sido cometido en la capital de la Vega Baja. Finalmente, ha sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha cogido las riendas de la investigación y ha empezado las citaciones de testigos y a reunir información.
Cuando la Fiscalía Provincial concluyó en noviembre de 2019 que Bascuñana podría haber cometido un delito de apropiación indebida, es decir, haber cobrado dinero público sin ir a trabajar, el alcalde de Orihuela aseguró que se trataba de “un movimiento de papeles” y que “nada nuevo” había. Sin embargo, ahora el fiscal delegado Anticorrupción, que asume desde hace semanas la investigación, deberá decidir si sigue adelante como pretendía la Fiscalía Provincial, si amplía el número de presuntos delitos cometidos como la malversación de caudales públicos o si sobresee la causa.
En caso de asumir las tesis de la Fiscalía Provincial, que han apuntalado tres informes internos de Sanidad y el concluyente de la inspectora, presentará una denuncia en el juzgado, que será el que siga con las pesquisas.
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