El exministro del Gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, se sentará en el banquillo de los acusados. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha dictado el auto de juicio oral contra Zaplana y la presunta red de comisiones en paraísos fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 19 años de prisión para el expolítico del PP, cuyo botín de presuntas mordidas en paraísos fiscales ha sido cifrado en 15 millones de euros por la instrucción.
En el banquillo acompañarán a Zaplana, el también expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas; el presunto testaferro Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana y conocido como Pachano; así como su entonces jefe de gabinete Juan Francisco García. Para Olivas, que ya fue condenado en otra causa, la Fiscalía pide seis años de prisión.
Para Pachano, el Ministerio Público solicita ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa, la misma petición a la que se enfrenta el asesor fiscal de la presunta trama, Francisco Grau. Anticorrupción también pide 14 años entre rejas para Juan Francisco García y para los empresarios Vicente y José Cotino Escrivá, sobrinos del fallecido exconseller del PP Juan Cotino.
La exdiputada autonómica del PP Elvira Suances y su hermano Saturnino se enfrentan a una petición de pena de cinco años de cárcel, la misma pena que Anticorrupción solicita para los empresarios cercanos a Zaplana Robert Edgar Bataouche, Francisco Pérez López (alias Paco Gasofa) y Ángel Salas.
El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, asegura en su escrito de acusación que el exministro, tras abandonar la política, “realizó los actos necesarios para ocultar el origen del patrimonio ilícitamente obtenido para su posterior disfrute a través de sociedades y testaferros”.
Así, durante su “extensa carrera política”, el expresidente de la Generalitat Valenciana, “formó un grupo d personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a su posición institucional y de gobierno”, según el escrito de Anticorrupción.
La instrucción del 'caso Erial' ha acreditado una fortuna en paraísos fiscales de 15 millones de euros supuestamente blanqueados a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.
La jueza también envía al banquillo de los acusados a Mitsouko Flerida Henríquez, secretaria de Zaplana, y acusada por su papel en la recepción de parte de los fondos ilícitos desde el extranjero. Para la mujer, el fiscal solicita ocho años de prisión y una multa de 20 millones de euros.
El escrito de Anticorrupción solicita el decomiso de “bienes y efectos en metálico” de 20 millones de euros para Zaplana y 10,5 millones para los hermanos Cotino.
El principal acusado ha mostrado en un comunicado su “absoluta disconformidad” con el escrito del fiscal y ha reiterado su inocencia. “Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vedadas”, afirma Eduardo Zaplana.