La presunta corrupción que acompañó a la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 está cerca de ser vista para sentencia tras la colaboración con la justicia de varios de los principales acusados. Así, la Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones definitivas casi seis años de prisión, además de tres años de inhabilitación especial, para Álvaro Pérez, El Bigotes, y para el exdirector general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales, fraude, falsedad en documento mercantil, cohecho, delitos contra la hacienda pública y blanqueo en el marco de las irregularidades en la visita del pontífice a València. Para García también pide una multa de 1,1 millones de euros mientras que a Álvaro Pérez le pide una multa de 821.859 euros por blanqueo de capitales y otra de 332.142 euros por delitos contra la hacienda pública.
La trama Gürtel ingresó una comisión ilegal de 3,2 millones de euros del contrato por el suministro de las pantallas y la megafonía vinculado a la extinta Fundación Valenciana V Encuentro Mundial de las Familias. “La cuantía blanqueada en este caso se referiría a todo el sobreprecio [de las pantallas], referido a la cantidad total de la comisión, 3.287.436 euros”, sostiene Anticorrupción. De la lista definitiva de acusados ha quedado excluido el fallecido exdirector general de la Policía con el Gobierno de José María Aznar y expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino. La Audiencia Nacional archivó la causa abierta contra Cotino y ha devuelto a la familia los bienes embargados (una planta baja y dos viviendas).
La fiscal Concepción Nicolás pide cinco años y diez meses de prisión para García y cinco años y nueve meses para El Bigotes, además de tres años de inhabilitación especial para ambos. El acusado Álvaro Pérez reconoció los hechos durante su declaración en el juicio oral y “explicó detalladamente la forma de actuar de la organización de Francisco Correa, su asentamiento en Valencia y la participación del resto de acusados”, recuerda la fiscal.
Al empresario Jacobo Gordon le pide una pena de nueves meses de prisión, 257.138,49 euros de multa y 117.300 euros de responsabilidad civil y para el presunto blanqueador de la trama, Ramón Blanco Balín, solicita once meses de prisión y una multa de 821.859 euros.
Cárcel para Vicente Sanz y otros cargos de la extinta Canal 9
Para tres exaltos cargos de la televisión pública valenciana Canal 9 (Vicente Sanz, Juan Prefaci y Antonio de la Viuda), el Ministerio Público solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión por malversación e inhabilitación absoluta durante ocho años. Vicente Sanz, expresidente del PP de València y exsecretario general de RTVV, ya fue condenado por abuso sexual a tres trabajadoras.
Ricardo Calatayud Darocas, exdirector económico y financiero de RTVV, y José Llorca Bertomeu, exdirector general de Canal 9, reconocieron su participación y la de otros acusados en los hechos. La Fiscalía pide para estos dos exaltos cargos de la televisión pública valenciana 11 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y dos años de prisión. Para Luis Sabater Balaguer, exjefe del departamento técnico de RTVV, la fiscal solicita las mismas penas en el caso de que en el ejercicio de su derecho a la última palabra reconociese su participación en los hechos“.
Para el empresario Vicente Torró Casanova, primo político de Pedro García, el Ministerio Fiscal solicita un año y dos meses de prisión y una multa de 243.600 euros, una cifra idéntica a la “cantidad blanqueada”. Al empresario Rafael Martínez Molinero, vinculado a la empresa adjudicataria Teconsa y que también confesó los hechos, le piden una pena de dos meses de cárcel, una multa de 317.614 euros y la “pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de cinco meses”. Además, a los hermanos Óscar y Carlos Ignacio Fragio Díaz, vinculados a una de las empresas que obtuvo contratos, la Fiscalía les pide, tras colaborar en el esclarecimiento de los hechos, una pena de tres años y nueve meses de prisión y una multa de 450.544 euros por cabeza.