Los ayuntamientos de Benidorm y de València son dos de las 14 administraciones señaladas por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) como “incumplidoras” por no haber acatado las recomendaciones de la institución ni haber corregido las malas prácticas señaladas, según comentó este martes el director del organismo, Joan Llinares, durante la presentación de la memoria de la entidad. En 2021 fueron tan solo cinco las administraciones “rebeldes”,
En concreto, Llinares enumeró entre las incumplidoras a la propia Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Alicante y València; el IVAM, el Patronato de Turismo Costa Blanca y los ayuntamientos de València, Benidorm, Torrevieja, Tous, Alcoi, Gavarda, San Antonio de Benagéber y una entidad del Ayuntamiento de Paterna.
Llinares comentó que, en muchos casos, estas administraciones tienen una actitud de “no bajarse del burro” en la irregularidad señalada, pero que no vuelven a incurrir en ella, por lo que ha mostrado un “50% de satisfacción” al respecto. “Hay una actitud de enroque”, ha manifestado respecto a lo ya realizado, pero también ha indicado que reincidir podría devenir en conducta de prevaricación.
Sin embargo, puso especial énfasis en los casos de Benidorm y de las concejalías de Movilidad y de Urbanismo del Ayuntamiento de València por su “actitud claramente beligerante y ofensiva”.
En el caso de Benidorm, gobernado por el PP, recordó que una sentencia declaró probado que se habían filtrado preguntas de una oposición a Policía Local y que en la tramitación de aquel expediente, al no recibir del Ayuntamiento la documentación solicitada, cinco funcionarios de la Agencia se desplazaron al Consistorio para solicitarla y que quedara constancia: “La respuesta del Ayuntamiento fue querellarse contra los funcionarios y funcionarias para tratar de amedrentarlos, unas querellas que se han ido archivando”.
En cuanto a València, Llinares censuró la actitud de la Concejalía de Movilidad (Compromís) cuyas respuestas consideró “impropias” al no sacar a concurso público el 'bus turístic', “un hecho por el que el Ayuntamiento está sufriendo una merma de unos 500.000 euros al año en concepto de canon”. Por otra parte, criticó también la actitud de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo (PSPV) en un expediente relacionado con una licencia de obras, en la que se cuestionaba si tenía la condición de obra menor que evita trámites de participación y alegaciones a posibles afectados.
Sobre todos estos hechos, Llinares advirtió: “A partir del informe de la Agencia, si vuelven a actuar de la misma manera, estarían configurando conductas prevaricadoras”.
El director de la AVA, por otra parte, quiso poner en valor la buena disposición del Ayuntamiento de València en muchas otras recomendaciones, principalmente en materia de contratos menores, que no solo se han aceptado, sino que se han aplicado en todos sus órganos y delegaciones.
Un 26% más de denuncias
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibió 453 denuncias en el año 2022, un 26% más que en 2021. De ellas, la mayoría fueron denuncias anónimas (un 58%) y fueron dirigidas principalmente a las administraciones locales, en concreto, a procesos de selección, “una de las peores corrupciones”.
Además, la Agencia ha instado a recuperar más de 5,6 millones de euros. La cantidad es significativamente inferior a la de 2021, cuando ascendió a 23 millones de euros, aunque se debía a que el Ayuntamiento de Borriana debía recuperar 21 millones de los PAI de la crisis inmobiliaria.
Entre los datos que ofreció el director, destaca que el 79% de las personas protegidas por la Agencia lo son con respecto a las entidades de la administración local. El 65% de ellas son hombres y el 35%, mujeres.
Antifraude ha concedido, en total, 29 estatutos de protección: 13 en Alicante, nueve en València, cuatro en el conjunto de la Comunitat Valenciana y tres en Castellón.
Además, la Agencia ha participado como perito judicial en 19 procedimientos; ha detectado y bloqueado 19.000 ataques de ciberseguridad, tres veces más que en 2021, y ha ofrecido formación a 4.382 personas. De ellas, 1.057 son estudiantes de bachillerato, institutos y universidades.
Por tipología de la denuncia, el 44% de las denuncias de 2022 (201) hacen referencia a la gestión de recursos humanos, en concreto, a procesos de selección. “Regalar un sueldo para toda la vida a una persona que no reúne las condiciones que la Constitución recoge de mérito y capacidad, es una de las peores corrupciones que puede haber”, remarcó Llinares: “Es un incumplimiento de la Constitución este tipo de práctica corrupta que no tiene responsabilidad penal”.
Además, lamentó que este tipo de personas que acceden a un cargo vitalicio sin cumplir las condiciones “siempre se lo deberán” a la persona que les ha colocado, con lo que se vicia su gestión de lo público.
Llinares concretó que hay 86 denuncias por procesos selectivos, 38 por acceso y 19 por procedimientos de provisión de puestos. El resto de denuncias por motivos laborales van desde incompatibilidades y conflictos de intereses a retribuciones y pago de horas extraordinarias.
El director explicó que han recibido peticiones para involucrarse en el control de este tipo de procesos, aunque la Agencia no tiene competencias para ello.
También lamentó que siguen produciéndose situaciones que empañan este tipo de procesos, como “filtraciones, relaciones de academias preparatorias con miembros de los tribunales y preguntas que salen que se han explicado en las academias”.