La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha pedido a Carlos Mazón, actual inquilino del Palau de la Generalitat, que no siga la senda de su predecesor, el socialista Ximo Puig en materia de contratos menores para los servicios de restauración de la Presidencia autonómica.
El organismo dirigido por Joan Llinares ha detectado una veintena de expedientes de contratación licitados desde 2018 en los que se utilizó el procedimiento del contrato menor para “satisfacer una necesidad recurrente, periódica y previsible” como es el servicio de restauración del president “con diversos comensales, con el fin de tratar temas de Presidencia”.
Antifraude, tras recibir una alerta sobre presuntas irregularidades, ha analizado los expedientes de contratación —con “el mismo objeto e idéntica y denominación”— y ha concluido que se eludieron la normativa y los “mecanismos de control previos en materia de fiscalización”, con un “fraccionamiento fraudulento”.
Sobre los contratos menores de restauración, la AVA ha detectado “solapamiento de algunos de ellos dentro de un mismo ejercicio económico”, además de una “concatenación de unos con otros”. Por su parte, los contratos de suministro de menaje, en tres periodos sucesivos entre 2020 y 2023, fueron adjudicados a una misma empresa, según indica Antifraude.
Además, todos los contratos de restauración incurrieron en un “fraccionamiento fraudulento” al no superar el umbral de los 15.000 euros “en cómputo anual e infringiendo el límite temporal de un año, e incluso realizándose varios de ellos en un mismo periodo, eludiendo los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponden”.
La Intervención advirtió del fraccionamiento
La presunta irregularidad “era conocida” en el departamento de Presidencia “y no se corrigió” por parte del órgano de contratación a pesar de que la Intervención Delegada “dejó constancia expresa” en sus informes de control financiero de que el uso reiterado de contratos menores con el mismo objeto supone un incumplimiento de la normativa de contratación dado que la “duración real del contrato es superior al año”. Así, Antifraude recomienda el procedimiento abierto simplificado de tramitación sumaria.
El organismo, tras analizar la documentación de Presidencia, ha concluido que “no constan otros presupuestos ni estudios previos de mercado”. Entre 2018 y 2023, el último año de Puig al frente de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, se adjudicaron contratos por un valor total de 186.349 euros. A tenor del “periodo investigado” y de la adjudicación en su conjunto, Antifraude considera que el monto total “supera de manera exagerada el límite legal” establecido por la normativa de contratación pública.
En sus alegaciones, Presidencia argüía la “inmediatez de estos servicios”, justificada por la diversificación de su contratación “en aquellos establecimientos que por su ubicación y por su adecuado funcionamiento se consideraban más apropiados”. Antifraude rechaza de plano la alegación: “No se puede aceptar dicha justificación por cuanto estamos ante un gasto público sujeto a unas normas legales perfectamente definidas, objetivas e iguales para todos”.
“Además”, recuerda la AVA, “se aprecia conocimiento e intencionalidad de la Administración de no evitar el fraccionamiento, infringiendo los límites que la ley establece de manera consciente de forma tan dilatada en el tiempo y desproporcionada en su cuantía”.
Procedimiento de revisión de oficio
El informe de Antifraude desestima todas las alegaciones de Presidencia y recomienda al actual inquilino del Palau de la Generalitat que inicie el procedimiento de revisión de oficio de los contratos menores de servicios de restauración de la etapa anterior de Ximo Puig en materia de restauración y de suministro de menaje. Todo ello debido al “fraccionamiento indebido” que incurrió en “causa de nulidad de pleno derecho” al haberse prescindido del “procedimiento legalmente establecido”.
Además, la AVA también recomienda una adecuada planificación y programación de la contratación administrativa en periodos plurianuales con el objetivo de reducir al máximo la utilización de la figura del contrato menor “en aquellas actuaciones de carácter necesario, reiterado y previsible que tengan un mismo objeto”.
El informe pide que se elabore una instrucción interna dirigida a los responsables de la contratación administrativa de Presidencia que incorpore el “carácter excepcional” de los contratos menores y la exigencia en las ofertas de que las empresas que se presenten no estén vinculadas entre si.