Antifraude investiga numerosas irregularidades en el bono para el comercio de Mazón y su amigo empresario

El Bono Consumo que lanzó en 2022 la Diputación de Alicante como medida para revitalizar el comercio de las localidades de la provincia tras la caída de ventas que supuso la pandemia en 2020 y 2021 está bajo la lupa de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA). En la creación del proyecto y en su desarrollo aparecen el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y Carlos Mazón, amigos y “hermanos”, según el primero de ellos.

Carlos Mazón era precisamente el presidente de la corporación provincial cuando se lanzaron estos bonos entre 2022 y 2023, y Baño es el administrador de la empresa Nexo Retail Alicante SL, una sociedad instrumental creada por la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme) el 13 de julio de 2022, fecha que coincide con la puesta en marcha del Programa Bono Consumo. Esta compañía facturaba servicios a los ayuntamientos vinculados al dinero que inyecta la entidad provincial a los municipios que lo solicitaban.

La propuesta de los bonos consumo consistía en que la Diputación de Alicante aportaba una cantidad a los ayuntamientos con los que se subvencionaba el 50% de la compra del consumidor final, con lo cual se estimulaban las compras por el menor coste para los ciudadanos, mientras que el comercio facturaba lo previsto. Entre 2022 y 2024, la entidad provincial ha repartido 58 millones de euros en ayudas de este tipo, pero la gestión está ahora en entredicho y Antifraude investiga las posibles irregularidades.

El primer señalado fue el Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por Eduardo Dolón (PP), a quien el año pasado Antifraude le solicitó la revisión de las resoluciones de la concesión de las ayudas a la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Torrevieja -a pesar de que la convocatoria de la Corporación provincial “exigía la gestión directa” del bono-. Y esto se argumentaba afirmando que el ayuntamiento otorgó los fondos que daba la Diputación de Alicante sin concurrencia competitiva por la “configuración errónea” de las bases, que atribuían “indebidamente” la condición de beneficiaria (en vez de entidad colaboradora) a la asociación. Por ello pedía al consistorio que exigiera a la asociación el reintegro por “otorgamiento indebido” de una subvención por un importe de 283.218,74 euros. De esa cantidad, el organismo autonómico ha detectado evidencias de que 107.871,03 euros no se habrían declarado físicamente en el modelo 347 de la Agencia Tributaria, lo que también podría ser causa de reintegro.

Así, la AVA establecía un presunto fraude de ley en las subvenciones del consistorio en las anualidades de 2021 y 2022 en las ayudas al comercio. Durante las pesquisas, Antifraude también detectó que la asociación incluyó como gastos justificados los servicios prestados por una empresa privada (Nexo Retail Alicante SL, la administrada por Carlos Baño), contratada para encargarse de la plataforma informática de gestión del bono. El informe critica que los gastos se incluyeran en convenios, lo cual encubría “auténticos contratos” con dicha empresa.

Peligro para el bolsillo de los vecinos

Ante esta situación a la que se enfrentaba el Ayuntamiento de Torrevieja, Compromís llevó el tema a la Diputación de Alicante mostrando su preocupación porque la resolución de la Agencia Antifraude pueda conllevar que los residentes de Torrevieja se vean obligados a reembolsar los fondos gastados en comercios locales.

Pero esta situación se podría extender a más municipios alicantinos, dado que la falta de planificación ha “generado dificultades” para licitar la gestión de las subvenciones bono comercio en diversos lugares. Así, recordaban que, ante la urgencia impuesta por la Diputación y la carencia de recursos propios, “numerosos municipios se han visto forzados a delegar la gestión de estos bonos en sus asociaciones de empresarios o contratar empresas externas”.

Y es que la Agencia Antifraude ha requerido a varios ayuntamientos más información sobre la gestión de los bonos, concretamente a aquellos que contrataron con la empresa Nexo Retail Alicante SL. Específicamente les reclama “el procedimiento utilizado para la selección de Facpyme/ Nexo Retail Alicante SL como entidad colaboradora/contratista del Programa Bono consumo durante el año 2022 y 2023”.

Los investigadores también quieren “las facturas o gastos aprobados y pagados a la mercantil Nexo Retail Alicante SL o a Facpyme durante los años 2022 y 2023 en el marco de Programa Bono Consumo o similar con indicación del importe, concepto adjuntándose copia del Contrato/Convenio del que derivase la/s misma/os y de las facturas/documento justificativo de los gastos referidos”.

Y por último, los funcionarios de la agencia también solicitan el modelo 347 de la asociación y la empresa que dirige Baño y “la inclusión de gastos de las entidades Facpyme ó de Nexo Retail Alicante SL en cuenta justificativa para la obtención de la subvención de la Diputación Provincial de Alicante para programa bono consumo llevados a cabo por esa administración durante las anualidades 2022 y 2023”. Los ayuntamientos tienen diez días para suministrar estos datos a los investigadores.

En cuanto a las cuentas de Nexo Retail Alicante la empresa que, creada en julio de 2022, facturó durante los cinco meses restantes del año 676.896 euros y consiguió unos beneficios de 512.966 euros, lo que supone una rentabilidad de más de 75%. En 2023 y ya con el ejercicio completo y con Carlos Mazón desde julio en el Palau de la Generalitat, los ingresos de Nexo Retail Alicante bajaron hasta los 371.627 euros, aunque los beneficios fueron de 147.640 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Estos dos ejercicios son los que investiga la Agencia Antifraude.

Preguntada Facpyme este lunes por las cuentas que pide Antifraude sobre los contratos de los ayuntamientos, la única respuesta recibida es que cualquier contestación debe pasar previamente por la junta.