La Oficina de Recuperación de Activos, el órgano de coordinación creado por el Gobierno valenciano del Pacte del Botànic presidido durante ocho años por Ximo Puig, logró recuperar más de 12 millones de euros y tenía pendiente restituir a las arcas autonómicas otros ocho. Su última responsable, la socialista Ana Domínguez, se muestra tajante ante la decisión del nuevo Ejecutivo del PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, de cerrar el organismo: “Lo teníamos prácticamente claro que lo iban a hacer en cuanto llegaran al Gobierno pero es que no han tardado ni un mes”, afirma Domínguez, ex directora general de Relaciones con Les Corts de la Generalitat Valenciana.
Su eliminación ha sido una de las medidas más polémicas de Mazón, quien justificó la decisión por la supuesta “politización” del organismo. Creado durante la primera legislatura del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, el socialista Antonio Torres fue su primer responsable. La Oficina de Recuperación de Activos, adscrita a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, tenía un único objetivo en coordinación con la Abogacía: “Recuperar el dinero que el PP cuando estuvo gobernando robó a los valencianos y las valencianas”, explica Domínguez.
Así, el organismo mantenía un “seguimiento muchísimo más detallado de todos los procesos administrativos y judiciales” susceptibles de recuperar los fondos saqueados por tramas de corrupción como el 'caso Blasco', el desvío de los fondos públicos de la Cooperación valenciana, el 'caso Terra Mítica' o el 'caso Emarsa', entre otros. También se encargaba del seguimiento de las ejecuciones de las sentencias firmes.
“El tiempo ha demostrado que la creación de esa oficina tenía mucho sentido, porque hasta que salimos del Gobierno, el Consell consiguió recuperar más de ocho millones de euros para las arcas públicas y tenía pendientes de ingresar, a medida que avanzaban los diferentes procesos, otros cuatro millones de euros”, aduce Ana Domínguez.
Además de esos 12 millones de euros que fueron recuperados por las arcas de la Generalitat Valenciana, en otra procedimientos se estima que que quedan pendientes otros 12 millones adicionales. “Es decir, podríamos acercarnos a los 20 millones de euros”, recuerda Domínguez.
Durante su trayectoria la Oficina de Recuperación de Activos se hizo con 3,3 millones de euros de la red de facturas falsas en la construcción del parque temático Terra Mítica en Benidorm, con dos millones de euros del 'caso Blasco' y con 1,3 millones del 'caso Emarsa'.
En la macrocausa que condenó al exconseller popular Rafael Blasco, el organismo aún tenía pendiente la recuperación de los bienes de su testaferro, el empresario César Augusto Tauroni. “En este momento estábamos detrás y en constante comunicación con las autoridades judiciales de Estados Unidos y Canadá de cómo iba evolucionando el procedimiento de embargo de los bienes de Tauroni, un yate y dos apartamentos”.
El president Carlos Mazón justificó el cierre de la oficina con el argumento de que el nuevo Gobierno de PP y Vox pretende “despolitizar” la recuperación de fondos de corrupción, actuando “con profesionalidad”, para llegar a “todos” los casos. “No hay ninguna eliminación, lo que hemos hecho es despolitizarlo”, adujo Mazón, quien explicó que se había encomendado la tarea a la Abogacía de la Generalitat.
“Evidentemente que diga Mazón que esta oficina es poco menos que un chiringuito da buena cuenta de cómo piensa el PP que funcionan las administraciones públicas”, afirma Domínguez. “Esta oficina nace única y exclusivamente para recuperar el dinero que se había robado por parte de su partido cuando estaban gobernando y lo primero que ha hecho en verano, con nocturnidad y alevosía para que la cosa pase desapercibida, es cargarse la oficina”, agrega su última responsable.
“Me parece una autentica vergüenza que digan a las claras que no les importa recuperar el dinero que sus compañeros de partido y algunos de sus padrinos políticos robaron”, afirma Domínguez en referencia al expresidente Eduardo Zaplana, pendiente de juicio por el 'caso Erial', una causa en la que el Ministerio Fiscal estima que se manejaron 20,6 millones de euros en “operaciones de corrupción”.
“Da buena cuenta de lo que nos espera en los próximos años”, concluye Ana Domínguez.