El aparejador del Ayuntamiento de Nàquera (Valencia) y su socio, impulsores de un proyecto urbanístico con campo de golf que fue anulado por la justicia, se han embolsado una indemnización de dos millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana. Una sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) reconoce a la mercantil Programación del Norte SL el derecho a ser indemnizada con 2.081.691,78 euros “por los daños sufridos” a consecuencia de la declaración de nulidad del Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector R-8 Els Plans de Nàquera, aprobado cuando Rafael Blasco era conseller de Territorio. Las indemnizaciones totales, según fuentes conocedoras de los contenciosos, pueden alcanzar los 24 millones de euros, a pagar entre la administración autonómica y el Ayuntamiento de Nàquera.
En Programación del Norte SL aparecen como administradores mancomunados Juan Carlos Piquer Valverde y su socio Juan Vicente Roig Romero, según los datos del Registro Mercantil. Juan Carlos Piquer era el aparejador municipal de Nàquera, socio del principal contratista y una persona muy cercana al entonces alcalde del Partido Popular Salvador Pérez (es familiar de su esposa). La firma Gil Garrido Obras Públicas SL era una de las principales adjudicatarias de los proyectos urbanísticos licitados en plena burbuja inmobiliaria por el consistorio, que llegó a poner en marcha 14 PAI que afectaban al 11% del término municipal. Su propietario, el fallecido Gil Garrido García, era a su vez socio del aparejador en otra mercantil.
La operación fue investigada por la Fiscalía pero un juzgado de Llíria archivó las diligencias. El PAI, que incluía la construcción de 800 viviendas y un campo de golf, fue declarado nulo por el TSJCV. “La adscripción de un elemento estructural como era el PDR-6 [un campo de golf] a cargo únicamente de ese sector era contraria al principio de justa distribución de beneficios y cargas, al ser dicho elemento estructural de todo el municipio y obtenerse únicamente a cargo de los propietarios del citado sector”, argumentaron los magistrados.
El aparejador y su socio, administradores mancomunados de la firma, formularon ante la Generalitat Valenciana una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que solicitaban una indemnización por los daños sufridos a consecuencia de la declaración de nulidad: la destrucción de las explotaciones agrícolas en las parcelas y el pago de las cuotas urbanísticas aprobadas en el proyecto de reparcelación abonadas al agente urbanizador (Urbe Construcciones, actualmente en concurso de acreedores).
El TSJCV les reconoce una indemnización de 259.155,05 euros por la eliminación de las explotaciones agrícolas y demás elementos sobre las parcelas; 43.338,68 por la imposibilidad de explotar las fincas agrícolas desde su destrucción; 1.673.436,85 euros por el pago de las cargas de gestión, y 105.761,20 euros por el daño producido en su patrimonio desde que se abonaron las cuotas al agente urbanizador. La Conselleria de de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, tal como ha informado este diario, se ha visto obligada a transferir crédito de otros programas al de Urbanismo para hacer frente a la indemnización.