El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra declaraba tener 439 euros en 17 cuentas de ocho entidades bancarias. Tras embargarle una finca y un inmueble, aún le quedaba por pagar un millón de euros a Hacienda por las responsabilidades pecuniarias a las que fue condenado en sentencia firme. En realidad, según han detectado las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el expolítico del Partido Popular recibió 2,6 millones de euros en cuentas a su nombre y mantuvo una “intensa actividad bancaria por él organizada” con abonos superiores a los 26 millones de euros, según desvela el juez instructor de la causa en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
El magistrado Jacobo Pin analiza las interminables maquinaciones que orquestó el expresidente de la Diputación de Castellón para desprenderse de su patrimonio con el objetivo de no afrontar la deuda, a través de complejas operaciones con empresas pantallas, familiares directos y testaferros. “Esta situación de aparente penuria económica no es acorde con el hecho aparentado de haberse desprendido de patrimonio a cambio de créditos futuros aun no cobrados, no reclamados y de difícil retorno, a personas físicas y jurídicas de su círculo próximo”, reza el auto del juez.
El fiscal anticorrupción considera que los fondos tienen “origen ilícito” y que se vehicularon a través de “complejas operativas de ingreso carente de justificación” con la única intención de evitar los controles internos de las entidades bancarias en materia de blanqueo de capitales. “Los ingresos”, destaca Anticorrupción, “se hacían en billetes de alta denominación, especialmente de 500 euros”.
Un informe del Ministerio Fiscal incorporado al sumario calcula que el expresidente de la Diputación de Castellón ingresó una media de 19.000 euros mensuales en efectivo entre 2008 y 2012. En 2009 sus ingresos mensuales en efectivo se dispararon hasta los 60.000 euros. Un año después dimitió de presidente de la Diputación de Castellón tras 16 años en el cargo. Los ingresos se hacían habitualmente con billetes de 500 euros.
A pesar de la “aparente penuria económica”, según la expresión del juez, de Fabra para no pagar a Hacienda, el expresidente de la Diputación de Castellón conducía habitualmente un Jaguar modelo S-TYPE, un vehículo de alta gama que supuestamente había transmitido para justificar un préstamo que recibió de una constructora. La mercantil Sipcas SL, administrada por el hijo de Fabra, era una “mera sociedad pantalla carente de actividad real” que ingresó 232.897 euros de Becsa SA, la constructora de la familia Batalla, para supuestos trabajos en países extranjeros, “aparentando ficticiamente” la familia tener los contratos necesarios.
Ante la Agencia Tributaria declararon que parte de ese préstamo se devolvió con la transmisión de siete vehículos valorados en 79.000 euros en forma de dación en pago de deudas. Seis de esos vehículos fueron transmitidos a terceros. Pero el auto del juez considera la transmisión “parcialmente falaz” al detectar los investigadores que Carlos Fabra continuó usando el Jaguar modelo S-TYPE hasta seis años después de la supuesta dación en pago.
Además de las llamativas inconsistencias en la justificación de los supuestos préstamos, la Fiscalía Anticorrupción considera que los empresarios que entregaron los millonarios fondos a Fabra lo hicieron “en consideración a su influencia política”. “No se ha producido ninguna explicación razonable sobre la procedencia de ese dinero”, concluye el informe del Ministerio Público.
El intento de “despatrimonialización” del exdirgente del PP le puede costar muy caro. El juez Jacobo Pin, una auténtica pesadilla para Fabra, ha finiquitado la instrucción, que aporta ingentes indicios y documentación sobre las maniobras para desprenderse de su elevado patrimonio, y deja a Fabra y a varios miembros de su familia, así como a relevantes empresarios castellonenses, al borde de un juicio con jurado por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo, entre otros. Todo por intentar eludir el pago de un millón de euros a Hacienda.