El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Paterna ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de la denuncia contra el exalcalde de Paterna, el popular Lorenzo Agustí -primero dimitió como alcalde y posteriormente abandonó el PP por la 'línea roja' de Fabra-, y cinco concejales -entre ellos la actual alcaldesa, Elena Martínez- por un delito de prevaricación administrativa.
La denuncia la formuló el Compromís hace casi un año y este viernes Elena Martínez ha dado a conocer la decisión del juzgado y ha valorado el auto como “un ejemplo del mal uso que un partido político puede hacer del poder judicial” y ha añadido que “si por algo se ha caracterizado Compromís es por llevarlo todo al juzgado, no para esclarecer la verdad sino para lograr una imputación y desacreditar la labor del partido con falsas acusaciones”.
Para explicar el origen de la denuncia la alcaldesa ha explicado que el equipo de gobierno popular decidió en su primera legislatura crear una empresa pública para prestar los servicios municipales, Marketing, que engloba una variedad de servicios como la Agencia de Desarrollo Económico.
Martínez ha explicado que “la Agencia se creó para ofrecer suelo municipal de Paterna a posibles empresas que quisieran instalarse en el entorno de los cinco núcleos empresariales que tenemos y también se ocupó de diversos gastos relacionados con la promoción de la Zona Franca”.
“Compromís denunció que el Ayuntamiento no podía encomendar ese servicio a la empresa pública y se ha aprovechado de una cuestión administrativa para engañar a la población y acusarnos de corrupción, de actuar en contra de la legalidad y de hacer caso omiso a los informes de los habilitados nacionales”.
La primera edil ha leído la valoración del auto judicial que indica que “ha quedado justificada la necesidad de que se prestara el servicio de mercadotecnia al Ayuntamiento” porque “significaba un ahorro”, y respecto al fondo del asunto, la juez ha añadido que “la encomienda de Marketing Global a la empresa pública Gespa no es contraria a ley ni injusto arbitrario, pues resulta justificada y necesaria la prestación de dicho servicio”.
En el auto también se especifica que “las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal por lo que se procede acordar el sobreseimiento y el archivo de las mismas”, según ha señalado el Ayuntamiento de Paterna.
La munícipe ha lamentado que esta denuncia ha costado al grupo de concejales “un gran descrédito” del cual ya nunca se van a “resarcir”, al tiempo que añadía que “la decisión de la juez no quita el hecho de que durante casi un año hemos tenido que defender nuestra inocencia y que nunca se abrió juicio, porque eran diligencias previas de investigación, y sin embargo los grupos de la oposición nos condenaron”.
Compromís confía en que Fiscalía recurra
El portavoz municipal de Compromís, Juanma Ramón, ha asegurado tras conocer el archivo que respetan la decisión “pero no estamos de acuerdo con esta decisión”, por lo que confía en que Fiscalía pueda recurrir el auto, “si no hubiéramos sido expulsados del proceso, recurriríamos”.
Así, Ramón ha asegurado que el hecho de que se cierre y archive la vía penal “no significa que no hay habido despilfarro de fondos públicos, y que administrativamente no sea impugnable”, por lo que insiste en que Compromís tiene “la conciencia muy tranquila y continuaremos ejerciendo nuestro derecho y nuestra obligación como oposición”. Además, han insistido en que el proceso “quedó viciado” desde el momento en que Compromís quedó apartado del caso.