El 22 de septiembre de 2017, ocho policías nacionales y una secretaria judicial se personaron en la vivienda de Daniel, un joven de 21 años de Burjassot (Valencia) profesional de informática. En la operación de entrada y registro ordenada por la jueza sustituta del juzgado de Instrucción número 4 de Parterna se le incautaron el móvil y dos discos duros. La vivienda, donde residía con sus padres, fue registrada de arriba a abajo gracias a una orden que justificó la operación por crimen organizado y drogas.
Los policía buscaban evidenciar que desde una cuenta personal del joven en redes sociales se estaba difundiendo el código fuente de la página web oficial del referéndum del 1 de octubre que el Tribunal Constitucional había suspendido para que otras personas pudieran publicarla, llegando la policía a preguntarle si “trabajaba para la Generalitat de Catalunya”. El Ministerio de Interior informó ese día que Daniel era una especie de “cabecilla” de una red organizada.
Daniel tuvo que acudir a declarar como imputado el 8 de febrero de 2018 y, un año y ocho meses después del registro de su casa y de no haberle devuelto el móvil y los discos duros, el juez titular ha archivado la causa contra el joven, según el auto de sobreseimiento al que ha tenido acceso eldiario.es.
El día del registro, la policía acudió con una orden en la que se actuaba contra Daniel por desobediencia, algo que desde un primer momento su abogado consideró una aberración legal, ya que el joven no era ni funcionario público ni autoridad.
En el auto de archivo de la causa contra Daniel el juez relata que la policía comprobó que el joven “estaba descargándose bases de datos relacionadas con el referéndum, habiéndose creado una script para tales hechos”. Y concluye que, “tras haber practicado cuantas diligencias de investigación se han estimado esenciales para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos”, “no consta que el investigado ostentara en el momento de la comisión de los hechos investigados condición de autoridad o funcionario público”.
Es decir, el juez archiva una causa por desobediencia contra un joven que hubiera decaído en el mismo momento en que se comprobara que no era cargo público, funcionario o autoridad. Algo que, desde el primer día, alegó su defensa.