La crisis de la COVID-19: inmediatez y perdurabilidad

Antes del mes de marzo de 2020 los economistas solían esperar hasta observar una disminución generalizada de la actividad económica durante dos trimestres consecutivos para empezar a hablar de recesión. Ahora llevamos poco más de un mes de confinamiento a causa de la crisis sanitaria, y todo el mundo habla ya de la recesión de la Covid-19. Alguna razón debe de haber para que tantas voces se estén preguntando cuál será el coste económico de la crisis provocada por el coronavirus, dando por hecho que alcanzará cifras astronómicas medidas en términos del PIB. Sin embargo, cuando se habla del coste económico de esta pandemia quizás haya que aclarar qué sentido se le quiere dar a este concepto. ¿Se refiere a los efectos inmediatos sobre el PIB que se deja de producir? ¿Al coste de las medidas de política económica que se están implementando desde el primer día y las que vendrán? ¿O a las consecuencias que la epidemia tendrá sobre la senda de crecimiento de la economía? Sea cual sea el sentido que se le dé, no se pueden ignorar los otros dos porque todos están estrechamente relacionados entre sí.

A día de hoy, todavía hay más dudas que certezas y las líneas de actuación no están del todo definidas. Aún así, ya abundan las respuestas de todo tipo y procedencia. Pero las estimaciones que se hacen de los costes no son independientes de las actuaciones de las autoridades económicas, ni de los valores asignados a los parámetros estructurales que caracterizan la economía. Los supuestos y las recomendaciones se entrelazan ofreciendo un mensaje confuso sobre los padecimientos económicos que nos esperan. Se especula sobre las posibles consecuencias para el futuro inmediato de la economía que se derivan de las medidas concretas (y cambiantes) llevadas a cabo por el gobierno para combatir la pandemia. Se da por hecho que, como consecuencia de la paralización temporal de la economía, sufriremos una recesión duradera porque habrá cambios en el comportamiento de los agentes económicos, familias y empresas, que reducirán los niveles de consumo e inversión. Se asume, en fin, que los costes no serán transitorios y coyunturales sino que los problemas inmediatos tendrán efectos permanentes y estructurales.

Las medidas del coste en términos del PIB que se ha dejado de producir se pueden interpretar con la ayuda de una imagen sencilla, representando la producción como un proceso continuo en el tiempo, aunque no uniforme ni monótono. Cuando se mide el flujo del PIB se hace vinculándolo a un periodo de tiempo de referencia. Durante ese intervalo temporal, el PIB es la suma, el área o la integral del recorrido de la producción entre los dos instantes de los extremos. Así pues, cuando hay un parón, una contracción o una ralentización de la economía, lo que ocurre es que aparece un agujero o una brecha. Una parte del PIB que se habría podido producir no existe. La magnitud relativa de esa pérdida depende tanto de la profundidad del bache como de su duración y, por supuesto, de la amplitud del intervalo de tiempo de referencia.

Nuestra mayor certeza es que, debido al periodo de confinamiento, una parte muy importante de la economía se ha parado, y el enorme vacío resultante es lo que lleva a la gente a preocuparse por las consecuencias económicas de esta pandemia. Sin embargo, cada anochecer, cuando acaban los turnos de trabajo diurno y los centros de trabajo y de producción bajan las persianas, cada semana cuando la economía entra en modo relajación y una parte de la actividad económica cierra por fin de semana, o cada periodo de vacaciones cuando la economía descansa, ¿no nos tendríamos que preguntar también cuál es el coste económico de la parada nocturna, semanal o vacacional? Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque al día siguiente, o el lunes por la mañana, o a la vuelta de las vacaciones todo está tal y como lo habíamos dejado cuando paramos.

Todos conjeturamos que la oferta estará donde se la espera, y la demanda también. Dado que la estacionalidad es repetitiva y nosotros también aprendemos de los procesos repetitivos, si no ocurre ningún imprevisto que trastoque la estructura y la intensidad de la oferta y de la demanda, consideraremos que todo se retomará con la mayor naturalidad. Para que esto ocurra es muy importante saber que las relaciones entre los distintos agentes económicos permanecerán intactas. Los contratos y las obligaciones entre trabajadores y empresas, entre distintas empresas, entre empresas y consumidores, entre la administración pública y los agentes privados, etc., todo tiene que continuar básicamente sin alteraciones significativas.

Ante una paralización del sistema económico

En la crisis de la Covid-19 nos encontramos ante un cierre de los mercados en el sentido más amplio del término. No es que tengamos una contracción de la oferta o una contracción de la demanda que esté provocando la crisis, es que estamos ante una paralización del sistema económico en su conjunto, exceptuando algunos sectores estratégicos considerados más o menos esenciales. Es una situación diferente también porque en el origen no encontramos ninguna de las causas que se han postulado en pasadas depresiones y recesiones. Esto es, ni problemas estructurales de riesgo moral en los ámbitos financiero y laboral, ni grandes desequilibrios macroeconómicos, ni casos relevantes de mala gestión empresarial, ni episodios significativos de despilfarro y corrupción en la acción de las administraciones públicas.

En nuestra opinión, es importante tomar perspectiva temporal y empezar analizando la situación desde el punto de vista de la trayectoria económica de equilibrio en el largo plazo. Esta trayectoria, antes del impacto de la epidemia, estaba generando crecimiento en base a la dinámica de factores como el capital físico, el capital humano, el capital tecnológico y el capital natural. Ahora, lo primero que hay que constatar es que el virus SARS-CoV-2 no tiene, por sí mismo, ningún efecto destructivo sobre los equipos productivos (maquinaría, equipos de transporte) y las estructuras, como tampoco lo tiene sobre las ideas y el conocimiento. Sobre la población activa todo indica que tendrá una incidencia menor y que, una vez superada la crisis sanitaria, el impacto sobre los niveles de cualificación, experiencia y estado de salud habrá ido imperceptible.

En el caso del capital natural, de momento, las cosas están transcurriendo de manera diferente. Como consecuencia del parón económico, el capital natural está experimentando un incremento inesperado, si no tanto en la cantidad de recursos medioambientales que han dejado de explotarse y continúan disponibles, por lo menos en forma de una mejora de la calidad medioambiental. Pero sin cambio de modelo energético a la vista, ni acuerdo para implementar medidas estrictas contra el cambio climático a nivel internacional, pronto experimentaremos un retorno a la anómala rutina de la explotación intensiva de los activos medioambientales. La emergencia sanitaria no es un sustituto de la emergencia climática, más bien se complementan solapándose, porque sus respectivos intervalos temporales de incidencia y resolución se despliegan en plazos muy diferentes.

De lo anterior se deduce que, como consecuencia de la actual epidemia y del periodo que dure la parálisis económica, no anticipamos ninguna variación significativa de los stocks de capital, ni en términos absolutos ni en términos relativos, que pudiera considerarse causa suficiente para sacar a la economía fuera de la trayectoria de crecimiento previa a la declaración del estado de alarma. Tampoco cabe esperar que cambien los principales parámetros tecnológicos y de preferencias que caracterizan a los agentes económicos, los cuales podrían provocar modificaciones sustanciales en la configuración dinámica del sistema económico. Solo los cambios en los parámetros de la política económica, que aparecen en las restricciones intertemporales de recursos, podrían provocar en la economía una alteración de su senda de crecimiento de largo plazo.

Si como consecuencia del confinamiento, de la pausa económica y de las medidas tomadas para salir de la crisis sanitaria e impedir una nueva y profunda recesión, resulta que la configuración institucional del sistema económico y la naturaleza de la relación competitiva entre los distintos agentes no se ven seriamente afectadas; si no cambia la tecnología ni los coeficientes técnicos ligados a la producción; si se mantiene la ordenación de preferencias y el grado de impaciencia de los consumidores; si no se produce una intensificación de la obsolescencia y el deterioro se mantiene dentro de la norma previa a la crisis; si las expectativas de las familias y las empresas no cambian abruptamente y se restituyen los flujos normales de ahorro e inversión, y no vemos ninguna razón por la cual no tendría que ser así, los stocks no van a experimentar ningún cambio de nivel ni de tendencia relevante. En ese caso no existe ningún motivo por el cual la trayectoria de crecimiento a largo plazo de la economía tendría que verse afectada de manera permanente.

¿Quiere esto decir que no se tiene que hacer nada porque a largo plazo tenemos garantizado volver a la senda previa de crecimiento sostenido? No, todo lo contrario. Esto simplemente quiere decir que un pronóstico favorable es factible solo si se toman las medidas adecuadas de política económica para resolver un problema coyuntural, tratando de minimizar los costes económicos y sociales, buscando equilibrio y proporcionalidad entre las partes implicadas (empresas, familias, instituciones financieras, gobierno, sector exterior), y evitando a toda costa el colapso de la economía.

Posiblemente algunos nos hemos mal acostumbrado a describir la evolución de las economías en el largo plazo sin hacer mención del supuesto implícito de que la gestión de la oferta y la demanda tiene que ser la correcta para mantener los necesarios equilibrios en el corto plazo. Se suele considerar el largo plazo como la extensión natural en el tiempo del corto plazo, pero el largo y el corto plazo no son independientes el uno del otro, y los equilibrios no están garantizados. Si aceptamos que, por el momento, a la pandemia que sufrimos solo se le puede poner freno mediante el confinamiento de la población y el distanciamiento social, ese tiene que ser nuestro objetivo prioritario e inmediato, y habrá que detener la actividad económica. Si queremos evitar los contagios y las muertes, tendremos que asumir las inevitables consecuencias económicas, dado que la economía a corto plazo se para y se aparta de la senda de crecimiento en la que se encontraba antes de la crisis sanitaria.

El reto fundamental

Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es conseguir que este parón transitorio no nos deje una economía maltrecha y moribunda. Tenemos que mantenerla viva, aunque sea en estado de hibernación. Y para lograr este objetivo es necesario contar con la complicidad y participación de todos los agentes económicos y sociales, especialmente los gobiernos, las empresas y los trabajadores. En todo este periodo es fundamental que se mantenga el empleo, aunque las empresas estén paradas, porque esa será la manera de que los trabajadores puedan hacer frente a sus gastos y también mantener unas expectativas optimistas de cara al futuro más inmediato. Tenemos que conseguir que una empresa parada no sea una empresa cerrada, y que cuando llegue el momento de despertar de la hibernación económica, la mayor parte de los trabajadores pueda reincorporarse a su puesto de trabajo.

Desde que empezó esta crisis son muchos los análisis de urgencia que han visto la luz, unos tratando de hacer inteligible la situación económica en la que nos estábamos adentrando, otros explicando las consecuencias económicas más inmediatas que se derivan del confinamiento, y otros planteando y comparando líneas de actuación alternativas al alcance de los responsables de la política económica. Entre lo publicado nos gustaría destacar, por una parte, las contribuciones de los profesores Antonia Díaz y Luis Puch en el blog Nada es Gratis los días 13/03, 20/03 y 10/04 de 2020 y, por otra, la contribución de los profesores Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman en las páginas del diario El País el día 27/03 de 2020.

Los primeros plantean la opción del risk sharing como forma eficiente y proporcionada de pagar la factura de la inevitable y necesaria parálisis económica. Esa solidaridad pecuniaria sería la clave para garantizar el cumplimiento del reto que antes señalábamos. Solidaridad entre gobiernos; solidaridad del gobierno con las empresas y autónomos; solidaridad entre el Estado y las personas socialmente más desfavorecidas; solidaridad entre las empresas de diferentes sectores, dados los efectos asimétricos de la crisis; solidaridad entre empresas y trabajadores manteniendo los puestos de trabajo y el sueldo con la confianza que después de la crisis se devolverán las horas de trabajo; solidaridad entre los arrendatarios y los arrendadores y entre los prestamistas y los prestatarios, congelando los pagos mientras permanezca parada la actividad.

Los segundos proponen que se compense a las empresas y a los trabajadores por las pérdidas sufridas, mediante una nueva forma de seguro social consistente en que los gobiernos sean compradores de último recurso. Para ello, el Gobierno debería sustituir la demanda desaparecida, y así cada empresa podría seguir pagando a sus empleados y mantener su reserva de capital. Esta propuesta tiene como objetivo mantener toda la economía como si estuviera funcionando con total normalidad, pero para ello se requeriría una cantidad inmensa de recursos públicos. En realidad, el objetivo de mantener tanto la demanda como la oferta podría reducirse a un par de objetivos menos ambiciosos, aunque afortunadamente complementarios. Por una parte, asegurar el poder adquisitivo de las familias y, por otra, que las empresas no quiebren y cierren. Según este planteamiento no hay que financiar los ingresos normales de las empresas, los cuales han desaparecido completamente con la crisis. Lo que hay que financiar son sus costes variables, o mejor dicho, los gastos asociados al uso de los factores de producción variables, de forma que las pérdidas a corto plazo se vean reducidas a la suma de los costes fijos.

En este caso estaríamos hablando de unas pérdidas generadas durante un corto periodo de tiempo, de naturaleza equiparable a las que se originan en cualquier periodo transitorio de inactividad, aunque circunscritas a los costes fijos porque los costes variables habrían sido socializados. En este punto es muy importante tener en cuenta que estos costes variables de las empresas incluyen el coste de oportunidad del factor trabajo. De todo el trabajo, no solo del trabajo asalariado. Así, financiando solo los costes variables se evitaría el cierre definitivo de empresas, las cuales absorberían transitoriamente unas pérdidas correspondientes al prorrateo de sus costes fijos, y se aseguraría también los ingresos de todos los trabajadores, sean asalariados, autónomos o empresarios empleadores. Además, huelga decir que el gobierno tendría que garantizar los ingresos de los despedidos recientemente, de los trabajadores que ya estaban en paro con anterioridad, de los pensionistas y de los colectivos vulnerables que dependen de la ayuda asistencial.

En general existe consenso respecto a la necesidad de proporcionar garantías y liquidez. Los avales actúan como un seguro que proporciona el Estado a los agentes privados. A priori no hace falta que se dediquen recursos, de forma que no hay que aumentar impuestos ni emitir deuda pública. Estas garantías pueden hacer que el sector financiero sea suficiente para garantizar la liquidez que el sistema económico necesita durante este periodo transitorio. Pero si hiciera falta que el Estado garantice directamente la liquidez, entonces se tendrá que emitir gran cantidad de deuda pública. En las circunstancias actuales de España es posible que encuentre problemas para financiarse. Una alternativa serían los Coronabonos. La emisión de estos bonos sería una acción firme de la Unión Europea ante la crisis pero, de momento, no se vislumbra el apoyo suficiente para acordar una respuesta solidaria de financiación. De hecho, una respuesta común a las consecuencias económicas de la pandemia era, y sigue siendo, fundamental para minimizar los costes de esta crisis. Por lo demás, la financiación sin una mutualización de la deuda pública a nivel europeo será mucho más difícil, aunque se hayan aprobado medidas que flexibilizan el uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), y se permita a los estados superar los límites de déficit y de deuda sobre el PIB.

En cualquier caso, conseguir el objetivo de contención representará un coste para el conjunto de la sociedad. El nivel de la deuda pública española ya es elevado, y las preocupaciones por el déficit presupuestario son del todo razonables. Pero tampoco tenemos que olvidar el carácter estrictamente temporal de las medidas puestas en marcha para hacer frente a la crisis del coronavirus. Sobre todo, porque no se puede sacrificar completamente la capacidad de nuestro sector público para responder apropiadamente a otros retos en el futuro. En breve será el turno de los especialistas en fiscalidad y economía pública, los cuales tendrán que encontrar la manera de resolver una situación tan complicada como la que se está gestando en el área de las finanzas públicas en España.

Una vez superada la crisis sanitaria será importante que, para retornar a la normalidad, tanto las mercancías como las personas recuperen rápidamente los niveles de movilidad de antes del confinamiento. Tenemos pocas dudas de que así ocurrirá en el caso de las mercancías, la movilidad de las cuales evolucionará en consonancia con la recuperación del nivel de actividad económica. Pero nos preocupa que en el caso de las personas la recuperación de la movilidad perdida sea más lenta. Si se diera esta excepcionalidad, el sector del turismo se quedaría atrás en relación con los otros sectores productivos, y esto acabaría teniendo consecuencias diferenciales negativas para la economía valenciana, y la española, debido a la importancia del sector turístico en nuestra economía.

Para evitar esta situación cuando la epidemia esté controlada y se levanten los confinamientos en todo el mundo, es importante que se ofrezcan garantías que contrarresten la previsible desconfianza de las personas a desplazarse a los destinos turísticos a los que viajaban antes de la crisis. Los destinos turísticos tradicionales quizás acaben compitiendo no solo en las variables habituales de precios y calidad de la oferta de los servicios turísticos, sino que también lo acaben haciendo en términos de las garantías sanitarias que acrediten estar libres del virus y suficientemente preparados para hacer frente a futuras contingencias.

En consecuencia, es doblemente importante que hagamos muy bien las cosas en el aspecto sanitario, reduciendo al máximo los riesgos de contagio presentes y futuros, y disponiendo de los medios para actuar inmediatamente en casos de emergencia. Primero porque ahora está en juego la salud física de los ciudadanos, y segundo porque de la efectividad de las actuaciones presentes dependerá después la salud de nuestra economía.

Y una reflexión final. No creemos que sea una buena opción el aprovechar estos tiempos convulsos para realizar a toda prisa cambios estructurales en nuestra economía. La experiencia de la crisis anterior nos enseña que la distribución de damnificados y beneficiados por esos cambios no se rige por el principio de equidad. Como tampoco responde, aunque se nos quiera hacer creer lo contrario, al criterio de eficiencia. Lo razonable es que la sociedad tome nota y aprenda la lección mientras resuelve los problemas coyunturales. Después, ya llegará el momento de plantear seriamente cuáles son los cambios estructurales que nos convienen para hacer frente a futuras emergencias, tanto sanitarias como medioambientales.

NOTA.- Este artículo es una versión revisada del que se publicó con el mismo título en la Web de la Fundació Nexe.

*M. J. Murgui-García y J. R. Ruiz-Tamarit, Profesores del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València. Miembros del Lab d’Economia de la Fundació Nexe