Las sospechas que el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, acumuló durante su mandato se están traduciendo en imputaciones desde que la izquierda con el apoyo de Ciudadanos arrebatara al exdirigente local del PP el poder. El juzgado número 1 de Gandia ha imputado a Torró y al exconcejal de Hacienda, Guillermo Barber, por los supuestos delitos de prevaricación por la renovación y contratación de préstamos y polizas sin el beneplácito del interventor municipal ni de la conselleria de Hacienda.
En un caso similar al que afectó al anterior alcalde socialista José Manuel Orengo y la exconcejal Ana García, se investigan la renovación y ampliación de ocho operaciones crediticias con varias entidades bancarias entre los meses de septiembre de 2011 y septiembre de 2014. Torró que denunció a Orengo por estos hechos, recibió un informe negativo de la Generalitat Valenciana en el que no aceptaba esta petición de mayor endeudamiento. Pese a ello, hizo caso omiso y sacó la operación adelante. Orengo, en cambio, aprobó en su día una maniobra similar, pero al no obtener contestación de la conselleria de Hacienda.
Con esta citación como investigado, el exalcalde de Gandia acumula cuatro imputaciones. Torró está imputado por el denominado 'caso Tele 7', donde se investiga la adjudicación que hizo a una televisión 'afín', ya que la beneficiaria final del proceso -se adjudicó a dos empresas distintas, pero una cedió la concesión a otra al poco tiempo- fue una empresa propiedad entonces de José Codina, antiguo gerente de la cooperativa del Centro Histórico cuando Torró era presidente de esta, que compartió domicilio fiscal con el alcalde. Dicha mercantil fue adquirida por un grupo de comunicación que recibió en dos años cerca de 5 millones de euros en publicidad institucional por parte del gobierno del exalcalde.
También se encuentra investigado en la 'operación Púnica'. Según reconoció el propio Torró, desde el Ayuntamiento se abonaron pagos valorados en 20.000 euros a mercantiles vinculadas al presunto cabecilla de la red, Alejandro de Pedro. La cantidad, sin embargo, era mayor. Una vez llegaron al gobierno los socialistas, hallaron facturas por valor de 885.000 euros a una constructora ligada supuestamente a la ‘Púnica’. Según la Guardia Civil dicha mercantil abonó 2.600 euros al mes a la trama para que el PP de Gandía eludiara, presuntamente, hacer frente a los costes de los trabajos de las empresas de la red. Según desveló Interviú, esa constructora se acabó llevando parte de la mayor contrata otorgada en la ciudad, valorada en 58 millones de euros.
El tercer caso que afecta al ex alcalde es la conocida como 'operación Aplauso'. Se le atribuye un delito de prevaricación al aprobar, según la Fiscalía, sin atenderse a la legalidad la compra de un complejo de ocio por 6,7 millones de euros. Realizada a través de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), la operación se ejecuta para evitar el impago de Vipei SA de una deuda de 1,3 millones de euros correspondiente al IBI con el Ayuntamiento. La jugada que implicaba alquilar las instalaciones terminó en los tribunales. La justicia acorrala a Torró.