La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de archivar la querella que presentó un estudiante universitario antifranquista por torturas contra el antiguo agente de la Brigada Político Social de Valencia, Benjamín Solsona Cortés. La Audiencia provincial considera que los hechos, sucedidos hace 48 años, están prescritos.
El querellante, representado por la cooperativa de abogados El Rogle, consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito de tortura y de lesa humanidad. Por el contrario, los magistrados arguyen, en un auto del pasado 21 de marzo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual para la aplicación de las resoluciones internacionales es necesario su “transposición al derecho interno” ya que, de lo contrario, “los tribunales españoles excederían con creces su jurisdicción al actuar como tribunales internacionales y no sujetos, por ello, a la ley española”.
España, recuerda la Audiencia de Valencia, ha firmado diversos tratados internacionales que prevén que los Estados firmantes eliminen la prescripción del delito de tortura, “cosa que todavía no se ha producido” en el caso español. Los magistrados recuerdan que España tampoco ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968. “Ello impide la persecución en España de los hechos susceptibles de ser calificados como tal delito, cuya comisión es anterior al 1 de octubre del 2004”, señala el auto.
El pasado 25 de abril, el militante antifranquista recurrió al Tribunal Constitucional la decisión de la Audiencia, explican a eldiario.es fuentes jurídicas, que no descartan llegar a los tribunales internacionales. Hasta 12 antiguos militantes antifranquistas, bajo el paraguas de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, pusieron sendas querellas por torturas producidas a manos de la Brigada Político Social en las postrimerías de la dictadura. Las querellas cayeron en juzgados distintos pero el de Instrucción número siete fue el primero en archivar la causa. El resto de querellas se han agrupado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
El ex agente de la Brigada Político Social de Valencia, Benjamín Solsona Cortés, fue uno de los represores más legendarios del antifranquismo en la capital del Turia, según los numerosos testimonios de la época. Solsona, siendo ya comisario tras la muerte del dictador, fue jefe superior de policía en Bilbao entre 1980 y 1982 y en Palma hasta 1988.
Cuando ejerció de jefe de policía en las Islas Baleares tuvo un reencuentro con un antiguo detenido, el entonces ministro Ernest Lluch, que no había olvidado el papel de Solsona en la policía política franquista. Lluch, asesinado por ETA hace casi dos décadas, lamentó el reciclaje que los primeros gobiernos socialistas hicieron de los antiguos torturadores de la Brigada Político Social para destinarlos a la lucha antiterrorista o a otros destinos, aún a sabiendas de su turbio papel durante la dictadura franquista.
El comisario Benjamín Solsona fue también administrador único de una empresa de seguridad privada -un camino que recorrieron numeroso ex agentes de la Brigada Político Social- entre 1990 y 1993. Solsona ya fue imputado y más tarde desimputado en el marco de la denominada querella argentina contra los crímenes del franquismo.