La Audiencia Nacional sentencia que el PP de Camps también se financió con dinero negro de la Gürtel
El titular del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha considerado acreditada la financiación ilegal del PP de Francisco Camps en las elecciones autonómicas, municipales y generales de 2007 y 2008. El magistrado condena a cuatro años de prisión al exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa y absuelve al exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla. El exvicesecretario del PP y exdiputado David Serra irá a la cárcel 3 años y 8 meses.
Esta es la segunda condena de la justicia sobre el Partido Popular que se suma a la conocida como “Época 1” y que ha provocado la moción de censura que ha acabado con la carrera política de Mariano Rajoy y ha aupado a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.
De la trama Gürtel, la que ayudó a conseguir el dinero negro para el partido político, han sido condenados Álvaro Pérez “El Bigotes” a 6 años y 9 meses y Francisco Correa a 5 años y tres meses después de haber colaborado en el esclarecimiento de los hechos. Pablo Crespo ha sido sentenciado a 5 años de cárcel. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.
Los nueve empresarios que reconocieron los hechos antes del juicio y que forzaron al resto de acusados a asumir parte de los delitos eludirán la cárcel tras haber pagado una multa. La ex gerente del PP Cristina Ibañez ha resultado condenada a 3 años y 4 meses; y la extesorera Yolanda García, a 4 meses.
Los hechos probados sobre la financiación ilegal
Según los hechos probados reflejados en la sentencia, el magistado José María Vázquez Honrrubia explica el modus operandi de la trama en un párrafo: “El Grupo Político, actuando en nombre y para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y con el objetivo de conseguir financiación por encima del límite legal establecido, contrató con la sociedad del Grupo Correa Orange Market SL para que ésta realizara actos y servicios de campaña de todo tipo, pero en vez de pagar el PPCV a la sociedad contratada, es decir Orange Market, procuró que estos gastos electorales fueran satisfechos por una serie de empresarios que, además, eran adjudicatarios de obras, servicios o suministros concedidos por la Administración regional y/o local”. La sentencia añade que, “para cubrir esta anomalía, básicamente se elaboran una serie de facturas mendaces que cubrirían unos supuestos servicios de Orange Market a estos empresarios”.
Así y tras explicar la arquitectura de la red, concluye: “El pago de los servicios que Orange Market prestó al PPCV se abonaron a Orange Market de tres formas: facturas correctas, pagos en ”B“ y creando facturas falsas pagadas por empresarios por supuestos trabajos no realizados a sus empresas”.
En definitiva, sentencia, “con la aquiescencia y voluntad del Grupo Correa y el Grupo Político, se interpone Orange Market, a modo de empresa pantalla para ocultar que las campañas electorales eran pagadas, sino en todo, si en gran parte por el Grupo Empresarios violentando e infringiendo así, tanto cuantitativamente como cualitativamente la legislación en la materia”.
