El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado el conocido como 'cártel de fuego', la trama corrupta dedicada supuestamente a amañar adjudicaciones de contratos para la lucha contra incendios en la Comunidad Valenciana, ha decidido cerrar el caso y enviar a 32 personas al banquillo de los acusados. Entre ellas está Serafín Castellano, exconseller de la Generalitat durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra, a quien el juez acusa de haber recibido regalos por más de 160.000 euros a cambio de participar en estos amaños.
Después de varios años de investigación, el juez Manuel García Castellón entiende que hay pruebas para acusar a más de tres decenas de personas del sector de la navegación aérea para la extinción de incendios de usar “múltiples ardides y mecanismos” para amañar contratos de este sector “mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de decisiones inherentes a los procesos de contratación o del control y ejecución de lo contratado”.
Según los informes de la Intervención General del Estado (IGAE) aportados al proceso, sólo en la Comunidad Valenciana la empresa de uno de los acusados, Vicente Huerta, y otras empresas investigadas obtuvieron más de 150 millones de euros en estos contratos. Su empresa AVIALSA, dice el juez, realizó pagos y regalos a responsables de estos contratos: desde dinero hasta coches, cacerías, armas de fuego, relojes, joyas y noches de hotel.
Uno de los procesados es Serafín Castellano, exconseller de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2014 en diferentes cargos así como secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana hasta 2014. También fue delegado del Gobierno en la Comunidad entre ese año y 2015, cuando fue detenido por su participación en esta trama corrupta.
Este auto de procedimiento abreviado deja en manos de las acusaciones solicitar la apertura de juicio oral para el conocido como “cártel del fuego” por un rosario de delitos relacionados con la corrupción: “Organización criminal; de alteración de precios en concursos o contratación pública; cohecho; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; tráfico de influencias y exacciones ilegales”, cita el magistrado instructor.