La Audiencia de Valencia confirma el procesamiento del ex vicealcalde de Rita Barberá por dos campañas electorales del PP

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia libró al PP y a gran parte de los concejales del equipo de Rita Barberá de sentarse en el banquillo de los acusados por el 'pitufeo' de la pieza separada A del 'caso Taula'. Sin embargo, Alfonso Grau, vicealcalde durante el mandato de Barberá, sí que será procesado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de cohecho impropio en relación con la campaña electoral del 2007 y por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y de blanqueo de capitales (como partícipe), por la campaña del 2011.

El auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, al que ha tenido acceso eDiario.es, destaca el papel de Grau en la entidad Centro de Estrategias y Desarrollo (CEYD) y en la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), como presidente o patrono. Ambas entidades inyectaron ingentes fondos en la presunta red de empresas que financiaron las campañas de los populares, especialmente en el grupo Laterne del fallecido empresario Vicente Sáez. “Se sacó el dinero de esas fundaciones en favor de Laterne” para sostener las “necesidades del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia”, reza el auto.

La Audiencia Provincial de Valencia rechaza así el recurso de la defensa de Grau, que argumentaba que los delitos estarían prescritos al tratarse de actos anteriores al 2011. El auto de procesamiento dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado de la investigación del 'caso Taula', es “totalmente ajustado a derecho”, concluye la sección cuarta.

La resolución aboca a un banquillo más estrecho de lo previsto, en el que se sentarán Alfonso Grau, los dos responsables de las entidades municipales y la entonces secretaria del grupo popular, María del Carmen García Fuster. Todos ellos, tras el auto de juicio oral, serán juzgados por las campañas electorales del 2007 y del 2015, en las que el PP manejó cantidades millonarias, aportadas por empresas históricamente contratistas, al margen de la contabilidad oficial.