La Audiencia de Valencia ha suspendido el juicio por el supuesto desfalco de 24 millones de euros en Emarsa, una empresa pública dedicada a la depuración de aguas. Los jueces han aceptado la petición de la fiscalía y la mayoría de las defensas, que no querían celebrar la vista en ausencia del presunto cerebro de la trama, el empresario Jorge Roca Samper.
Éste, tras cinco años en busca y captura, ha sido detenido en Moldavia, donde ha sido encarcelado por residir en el país con una identidad falsa. Podría estar de vuelta en España antes de 10 meses, pena a la que ha sido condenado. La existencia de una previsión relativamente corta y realista de la vuelta de Roca ha forzado el cambio de parecer de los magistrados, que antes querían celebrar el juicio.
La fiscalía sostiene que el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, del PP, saqueó la depuradora de Valencia que operaba bajo la marca Emarsa hasta quedarse con casi 24 millones de euros. Lo hizo, según la acusación pública, en connivencia con el empresario Roca y varios altos cargos de la empresa, que manipulaban al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.
Además de Crespo, Juan José Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar) e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar, se enfrentan a peticiones de 14 años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil. Esteban Cuesta , exgerente de la compañía de 2004 a 2010, a una de 12 años. Los otros 21 acusados, de dos a ocho años. Según fuentes judiciales, varios de estos han reconocido su responsabilidad y han acordado sus penas con las acusaciones.
El juicio, una vez se inicie, durará unos siete meses. Más de 200 testigos declararán por el saqueo de las cloacas valencianas, uno de los casos de corrupción más graves por el monto del supuesto fraude: 24 millones de euros.