El Ayuntamiento de Torrevieja, durante el mandato de popular Pedro Hernández Mateo por corrupción, adjudicó 341.364 euros a un familiar del actual primer edil, Eduardo Dolón, entonces teniente de alcalde. Así se desprende de un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que ha detectado irregularidades en la adjudicación de la decena de contratos que obtuvo el ingeniero técnico de obras públicas Fernando Sánchez Sánchez, primo de Dolón y sobrino del entonces concejal de contratación, José Antonio Sánchez García.
Antifraude ha instado al consistorio a iniciar la revisión de oficio de los expedientes al detectar una “causa de nulidad de pleno derecho”. “Deberá, asimismo, valorar el inicio de expedientes de información reservada” sobre la “posible depuración de responsabilidades de todo tipo que corresponda al personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas”, agrega el informe.
De los expedientes de contratación mediante negociado sin publicidad, el organismo que dirige Joan Llinares ha detectado que no cumplen con la normativa, al no constar con negociación alguna, el “trámite esencial”. En los expedientes que ha analizado la AVA, “no se garantiza la concurrencia real de al menos tres licitadores”. Además, sólo en contratos menores, el primo del actual alcalde obtuvo 85.707 euros.
En varias de las adjudicaciones, ni Eduardo Dolón, portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, ni el entonces concejal de contratación, José Antonio Sánchez García, se abstuvieron, a pesar de mantener un vínculo familiar con el ingeniero Fernando Sánchez.
Así, “la adjudicación directa contraviene los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública con el fin de garantizar, con objetividad y eficacia, la selección de los contratistas, la prosecución de los fines administrativos que con el contrato se persiguen y el buen uso del dinero público”, concluye Antifraude.
La AVA también reprocha a Eduardo Dolón una omisión “relevante” en su deber de abstenerse, una “situación irregular que ha tenido una clara permanencia en el tiempo” en que se adjudicaron los contratos (entre 2006 y 2011, cuando era teniente de alcalde). El consistorio no ha formulado alegación alguna al informe de la agencia.
Antifraude ha puesto la lupa en las adjudicaciones más voluminosas. En la contratación del servicio de elaboración de la memoria sobre la supervisión de las obras de urbanización en todo el suelo urbano de Torrevieja, por 51.446 euros, Eduardo Dolón era vocal de la mesa de contratación y no aparecen justificadas las razones técnicas para usar el procedimiento de la licitación negociada sin publicidad.
El expediente de elaboración de un estudio sobre la instalación del alumbrado público incluye presuntas irregularidades llamativas. En la licitación, por 69.587 euros, se invita a otros dos ingenieros. Sin embargo, las dos direcciones a las que se notifica son idénticas. Los ingenieros acaban renunciando mediante unos escritos con el mismo contenido, la misma tipología de letra y registrados el mismo día. La oferta económica que presenta el familiar de Dolón “sólo reduce el precio de licitación en un céntimo de euro”, destaca Antifraude.
Lo mismo destaca la AVA sobre otros dos expedientes (en los que Dolón sí que se abstiene) para sendos proyectos de asfaltado, por un total de 138.612 euros. En el segundo proyecto, el familiar de Dolón había sido el encargado, mediante un contrato menor, de elaborar el anteproyecto de obra de reasfaltado, por lo que “no debería haber sido adjudicatario” ya que, asegura Antifraude, “su participación pudo suponer un trato privilegiado”.
Conflicto de intereses
“La práctica realizada por el Ayuntamiento de Torrevieja”, señala el informe, “era la de invitar a tres candidatos, pero tan solo se presentaba uno”. Además, la AVA alude a “indicios de una posible connivencia” con los dos ingenieros que se retiraban de la licitación, “dado la identidad de domicilio social y vinculación, y la forma de actuar repetida en el tiempo de no presentar ofertas, unido a la decisión municipal de cursar invitaciones a licitadores que de manera repetida no se presentan a los procedimientos”.
Sobre las adjudicaciones en las que Dolón y el entonces concejal de contratación, José Antonio Sánchez García, no se abstuvieron el informe recuerda que “el conflicto de intereses tiene incidencia directa en el procedimiento de licitación, en cuanto supone una infracción de los principios de la contratación pública y un falseamiento real de la concurrencia y competencia entre los licitadores”.
“La posibilidad de que alguno de los intervinientes a lo largo del procedimiento de contratación tenga alguna relación con el adjudicatario supone un claro riesgo de parcialidad que debería haber sido eliminada”, abunda la AVA. Además, en el caso de los contrataos negociados sin publicidad, “la ausencia de negociación implica la concurrencia de un vicio de nulidad”, concluye Antifraude.