“El grupo municipal popular a nivel económico ha funcionado intencionadamente al margen de las estructuras financieras del Partido Popular, el cual carece de un sistema de control efectivo para impedir, tanto el manejo de dinero metálico (...) como la existencia de cuentas bancarias abiertas donde se recibían ingresos de procedencia ilícita como consecuencia de las adjudicaciones (...) al menos desde el año 2005”. Así define Compromís, que ejerce la acusación popular en la pieza separada A del 'Caso Taula', relativa al denominado pitufeo, la operativa del PP de Rita Barberá para financiar sus campañas electorales.
El escrito de la acusación popular, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que la actuación de los populares, liderados por la fallecida alcaldesa Rita Barberá, ha creado un “clima de desconfianza hacia las instituciones”. Así, Compromís acusa al PP de Valencia de blanqueo de capitales dando “cobertura a operativas de ingreso en el circuito económico de cantidades provenientes de comisiones y dádivas como consecuencia de la adjudicación de contratos o favores políticos de los dirigentes del PP en el Ayuntamiento de Valencia”.
Además, agrega el escrito de acusación, el PP “ni se ha interesado por conocer la financiación y efectivo gasto electoral en la provincia de Valencia pese a ser conocedor de las investigaciones judiciales” que se estaban llevando a cabo. La acusación popular recuerda que en este tipo de operaciones delictivas de presunto blanqueo de capitales, el silencio “se impone en los partícipes” (49 exasesores y exediles populares que ingresaron una donación de 1.000 euros y recibieron dos billetes de 500 en metálico). “Lo cual no obsta a que dicha decisión sólo pudo partir de los cargos más antiguos y relevantes dentro del grupo popular, afines a la alcaldesa Rita Barberá”, agrega el escrito.
La acusación sostiene que el grupo popular “manejaba dinero en efectivo” en una cuenta, que empleaba a su “antojo”, sin control por parte de la Intervención municipal y del Tribunal de Cuentas. Así, el partido “consentía y aceptaba” la situación “sin adoptar mecanismos de control para conocer de dónde salían los recursos económicos, dados los resultados electorales que cosechaba”.
Compromís solicita una responsabilidad civil de 1,7 millones de euros a Alfonso Grau, vicealcalde de Rita Barberá y a dos responsables de fundaciones municipales, Juan-Eduardo Sansón y José Salinas, que hincharon un entramado de empresas encargadas de organizar las campañas electorales del PP. El escrito acusa a los 49 exasesores y exediles populares que participaron en el 'pitufeo' de un presunto delito de blanqueo de capitales y solicita cuatro años de prisión y 100.000 euros a los acusados, además de inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante el tiempo de la condena.
A Grau lo considera además autor de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de cohecho, por los que pide penas suplementarias de nueve años entre rejas. A la secretaria del grupo, María del Carmen García Fuster, la acusa también de un presunto delito de cohecho y le pide un año adicional de prisión.
Tres campañas electorales bajo sospecha
La pieza separada A del 'Caso Taula' incluye tres campañas electorales del PP de Valencia (las que no han prescrito). En la del 2011, se formó un “entramado empresarial” por parte de la empresa Trasgos y de varias mercantiles del empresario Antonio Puig Payá, “creadas al objeto de poder presentarse a contratación pública bajo apariencia formal de independencia y concurrencia, pero que en realidad era una diferenciación buscada a propósito ya que los beneficios empresariales iban al mismo administrador que gestionaba todas ellas de forma unitaria”. Sin embargo, ni Trasgos ni el empresario están acusados en el procedimiento.
Para las elecciones del 2007, el grupo municipal de Rita Barberá usó el entramado de empresas del grupo Laterne, del fallecido empresario Vicente Sáez. Así, las empresas contratistas inyectaban fondos a estas empresas, que luego asumían la campaña electoral del PP. Entre los pagos de Laterne figura un abono a Orange Market, la empresa señera de la trama Gürtel en Valencia, por 7.386 euros.
Los detalles de la financiación de la campaña del 2007 por parte del grupo Laterne trascendieron gracias al exasesor Jesús Gordillo, muy cercano en su momento al vicealcalde Alfonso Grau. El entonces número dos de Rita Barberá asistía personalmente a la sede de Laterne para supervisar la campaña en paralelo a su “función recaudadora” de las empresas contratistas del Consistorio.
El escrito destaca los dos métodos para canalizar los fondos en negro. Por una parte, la “facturación falsa” y, por otra parte, la creación de la mercantil Product Management Council SL, en cuyo capital social los contratistas aportaban una suerte de peaje a razón de 150.000 euros. En esa empresa puramente instrumental (“jamás realizó actividad alguna ni contó con trabajadores”, apunta el escrito) figuraba como apoderado el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, investigado también en el 'caso Azud'.
Dos décadas de “diversas formas de corrupción”
Los ediles del PP rechazaron en aquella época una comisión de investigación propuesta por la concejal socialista Ana Botella sobre las turbias adjudicaciones con Laterne, “sabedores de que existía una contratación fraudulenta que permitía desviar dinero público para una finalidad privada”, sostiene el escrito de acusación. En paralelo, varias fundaciones municipales hincharon a Laterne con unos contratos que no eran más que una “mera apariencia de legalidad”. Así, el modus operandi de la supuesta trama supuso el “desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento”.
La mecánica de presunta financiación ilegal se remonta, según los apuntes contables de la secretaria del grupo municipal intervenidos por la UCO, a mediados de la década de 1990. Así, el grupo municipal de Rita Barberá, que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años, “ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes en diversas formas de corrupción”, según el escrito de acusación de la exedil Pilar Soriano, en representación de Compromís.