El Ayuntamiento de Valencia considera a la Autoridad Portuaria presunta responsable de un delito contra el medio ambiente por los vertidos de gas sulfhídrico a la red municipal de saneamiento. La edil socialista Elisa Valía, responsable del Ciclo Integral del Agua, ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Valencia que abra diligencias tras haber confirmado que los vertidos que afectan a la red pública proceden de las instalaciones portuarias gestionadas por el organismo que preside Aurelio Martínez.
El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa las advertencias del consistorio a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sobre los altos niveles de de gas sulfhídrico a consecuencia de los vertidos del puerto a la red municipal de saneamiento. En octubre de 2021, dos trabajadores del edificio de la Unidad de Análisis de Sanidad Animal de la Conselleria de Agricultura, localizado a tiro de piedra del recinto portuario, formularon quejas por los olores a gas en el entorno del inmueble, que les provocaron dolor de cabeza e irritación.
Dos meses después, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Natzaret presentaron un escrito que reseñaba las quejas sobre el olor a gas. Además, el 25 de noviembre se desalojó el edificio de la Unidad de Análisis de Sanidad Animal (UASA), en la avenida del Ingeniero Manuel Soto, “ante la toxicidad del gas sulfhídrico detectado”.
Así, un informe de la sección de Control de Medioambiente y Vertidos del Servicio del Ciclo Integral del Agua concluyó que los “altos niveles” de gas sulfhídrico son consecuencia de los vertidos del puerto a la red municipal de saneamiento. Tras haber entregado el informe a la APV, el organismo dirigido por Aurelio Martínez comunicó que “mediante distintas actuaciones, se había resuelto la anomalía de altos niveles” de gas.
Sin embargo, los pasados 28 de febrero y 2 de marzo, varios trabajadores del edificio de la UASA formularon nuevas quejas sobre las molestias a consecuencia del gas. Tras una reunión entre técnicos del Ayuntamiento, de la Conselleria y de la APV y “dado el tiempo transcurrido” sin que se adoptaran medidas correctoras, el consistorio levantó un acta de inspección y, posteriormente, tras los resultados de las analíticas, un acta de infracción contra el puerto por realizar vertidos a la red municipal que superan los límites establecidos en la ordenanza municipal.
Medidas “insuficientes” de la APV
Tras nuevas emisiones –“lo que evidencia que las medidas adoptadas por la APV son insuficientes”–, el consistorio dictó una resolución para la adopción de la orden de cese inmediato de vertido. La resolución advierte a la APV de que su incumplimiento supone una infracción muy grave y propone la retención de aguas negras en las cántaras de bombeo y el transporte mediante cubas a depuración. Además, también sugiere la instalación de una depuradora en las instalaciones portuarias que evite la necesidad del recinto de utilizar el saneamiento municipal.
El pasado mes de junio, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y la Asociación Cultural Ciudad Saludable solicitaron al consistorio que formulara una denuncia penal contra la APV como responsable de un presunto delito contra el medio ambiente.