Durante estos últimos días estamos asistiendo a la posible desaparición de una pequeña entidad bancaria, la Caja Rural de Mota del Cuervo, como consecuencia de la presión ejercida por parte del Banco de España. Mediante resolución del FROB, las autoridades financieras han decidido que la caja rural sea absorbida por Globalcaja (Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca), tras la realización de una inspección que ha descubierto problemas financieros en la entidad. Se trata de una pequeña entidad bancaria de ámbito local con un activo total de 94 millones de euros, unos depósitos de 78 millones y unos créditos también de 78 millones.
Lo grave del asunto es que la decisión tomada por el Banco de España se ha realizado desoyendo la decisión tomada por la asamblea de socios, en la que el 86% de los aproximadamente 3.000 socios que forman la entidad, decidieron democráticamente no aceptar la fusión propuesta por el consejo rector, al igual que hace un tiempo hicieron también ante la propuesta de ser absorbidos por la Caja Rural de Castilla-La Mancha. El peso de esta entidad dentro del conjunto del sistema bancario español es insignificante, por lo que no existe ningún peligro de que los posibles problemas de insolvencia puedan afectar al sistema. Resulta realmente sorprendente la contundencia y rapidez con que el Banco de España ha actuado en este caso, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de la misma entidad que permitió que una parte importante de los grandes bancos y cajas emitieran más de 26.000 millones de euros de participaciones preferentes durante más de 10 años, a sabiendas de que estaban engañando a los pequeños ahorradores; o que miraran hacia otro lado mientras determinadas cajas de ahorros participaban del festín de la burbuja inmobiliaria y que al final desembocó en un rescate bancario de más de 40.000 millones de euros, además de los miles de millones de euros adicionales destinados a su saneamiento.
La caja rural necesita de un plan de viabilidad que haga posible su continuidad, y los socios están dispuestos a llevarlo a cabo. Entonces, ¿por qué el Banco de España ha seguido adelante con la absorción?. ¿Ha sido consecuencia de la presión ejercida por los más grandes que ven la posibilidad de aumentar su cuota de mercado? o ¿la Administración Pública está siguiendo una estrategia de fusiones bancarias con el fin de eliminar todas las entidades bancarias de pequeño tamaño?. La decisión tomada obedece a la línea oficial seguida por el Ministerio de Economía durante los más de cinco años de crisis bancaria, y que pone en peligro la subsistencia de aquellas entidades bancarias (cooperativas de crédito y cajas de ahorros) que con una dimensión reducida, desempeñan una función financiera clave en determinados territorios donde tradicionalmente no han llegado los grandes bancos. La labor de las cajas rurales ha sido, durante más de cien años, determinante para el desarrollo económico y social de muchos municipios rurales, contribuyendo a la financiación de la actividad productiva de numerosos pequeños y medianos agricultores agrupados en cooperativas. A pesar de su pequeño tamaño, son entidades rentables y solventes, que a la vez destinan una parte de su beneficio económico a la comunidad local en la que se ubican, contribuyendo a la sostenibilidad del territorio y evitando la exclusión financiera. Su desaparición puede suponer la propia desaparición de una parte importante del sistema productivo local, además de condenar a muchas personas a la exclusión financiera, por lo que la decisión de eliminar pequeñas cajas rurales locales es una irresponsabilidad de graves consecuencias económicas y sociales.
Las poco más de 60 cajas rurales existentes en la actualidad en España, apenas representan el 7% de la cuota de mercado del conjunto del sistema bancario, y con el proceso de reestructuración financiera llevado a cabo, se encuentran en peligro de extinción, por lo que podrían desaparecer al igual que acaba de suceder con las cajas de ahorros. Con procesos de absorción o de fusiones como el que se pretende llevar a cabo con la Caja Rural de Mota del Cuervo, posiblemente ese sea su destino. Las fusiones bancarias no resuelven los problemas de gestión, como hemos podido comprobar con el caso de Bankia. Sin embargo, las fusiones bancarias sí se traducen en una mayor concentración del sector en manos de unas pocas entidades, con el consiguiente perjuicio que ello supone para los consumidores: mayores abusos comerciales (aumento de las comisiones, peores condiciones crediticias), menor oferta (con la consiguiente exclusión financiera) y posibles prácticas fraudulentas o cuanto menos poco éticas como el blanqueo de dinero, la especulación con bienes de primera necesidad como la vivienda o los alimentos, la opacidad o falta de transparencia, los paraísos fiscales o la emisión de activos financieros engañosos como las preferentes.
En consecuencia, como ciudadanos socialmente comprometidos, hemos de defender la continuidad de las pequeñas entidades bancarias como las cajas rurales y las dos cajas de ahorros que nos quedan, manifestándonos en contra de los procesos de concentración apoyados por las autoridades financieras. La existencia de estas entidades dentro del sistema bancario, a través de su carácter de empresas socialmente responsables, puede favorecer un modelo de banca de proximidad al territorio enfocado a los intereses generales y al bien común, que hemos de proteger.