Parte de los vecinos del Marítimo no dan su brazo a torcer. La plataforma Salvem el Cabanyal, una asociación que lleva 16 años luchando contra los derribos previstos en el barrio, se reunió el lunes para denunciar que el alcanzado entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Valencia no está por encima de la ley.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quiere aprovechar ese principio de acuerdo para redactar un nuevo plan e impulsar con la mayor rapidez posible la nueva prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar. Según su versión, tendría menos derribos, la avenida sería de menor anchura de la prevista y respeta la trama histórica del barrio. Quiere aprobarla en julio.
Los vecinos, sin embargo, creen que su plan puede ser “ilegal” y sigue siendo un expolio del patrimonio, ya que parte del barrio afectado por el plan está protegido por la ley por su valor histórico. Además, creen que, a falta de conocer con detalle el acuerdo –Barberá no ha facilitado toda la documentación, éste en ningún caso puede estar por encima de la ley.
Y ésta, según Salvem, es clara: el Cabanyal no se puede tocar, al menos en los términos planteados por Barberá. En 2009, el gobierno del PSOE protegió el barrio mediante una orden del Ministerio de Cultura que fue recurrida por el Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional. El fallo fue favorable a Cultura.
Barberá lo recurrió ante el Supremo, pero ha retirado su apelación en cumplimiento del pacto alcanzado en Madrid, donde ahora gobierna el PP. Por ello, Salvem entiende que la orden de Cultura que protegía el barrio, avalada judicialmente, sigue vigente. El 19 de octubre defenderán su posición en una nueva manifestación contra el “urbanismo depredador” del Ayuntamiento de Valencia.