Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde 1991, no renuncia a uno de los proyectos faraónicos que viene impulsando desde hace lustros: la conexión del centro de Valencia con la fachada marítima de la ciudad mediante la apertura de una avenida de 48 metros de anchura que provocaría la demolición de 1.600 viviendas y la destrucción del 30% de un barrio, el Cabanyal.
El plan, impulsado en 1997 y aprobado por la Generalitat en 2001, es una quimera hoy, 16 años después de su arranque oficial. De momento, sólo ha conseguido convertir una buena parte de una zona genuina como el Marítimo de Valencia en un área degradada, marcada por la insalubridad y la delincuencia.
Zona cero, la llaman los vecinos. La prensa local, incluso la conservadora, habla sin tapujos de El Polvorín del Cabanyal. Esta situación extrema ha podido ser provocada, según sus críticos, por el propio ayuntamiento, que ha comprado centenares de viviendas para luego realquilarlas a familias sin recursos. Además, Barberá no concede ningún tipo de licencia municipal –de obras, apertura de comercios- en una interpretación muy rígida de la actual situación jurídica del plan.
El embrollo legal
El caos legal que ha paralizado la actividad en el Cabanyal data de 2010, cuando el gobierno de Madrid, en manos del PSOE, decide oponerse al proyecto al considerar que atentaba contra un barrio protegido por ser Bien de Interés Cultural. Inmediatamente, la Generalitat de Francisco Camps, al dictado del ayuntamiento de Valencia, redactó una orden para desproteger el barrio. El conflicto acabó en el Tribunal Constitucional.
Y ahí seguiría de no haber retirado el recurso interpuesto en su día por el gobierno de Zapatero el ahora liderado por Mariano Rajoy. Con este pacto, anunciado a bombo y platillo el jueves por Barberá, “empieza el desbloqueo” del plan. Permitirá que se retome la “solución definitiva”, dice la alcaldesa. Si esa solución final es el plan original o una adaptado a la protección especial que tiene el barrio –y que antes se obviaba- está por ver, pero el ayuntamiento cree que el plan original puede salir adelante.
En cualquier caso, para Salvem el Cabanyal, la plataforma vecinal contraria al proyecto, nada cambia. Según su portavoz, Maribel Doménech, el barrio sigue amparado por la legislación que impediría cualquier derribo. “Los alardes de la alcaldesa no modifican en absoluto la prohibición de derribos en el Cabanyal”. La orden ministerial “no se ha tocado y se mantiene la imposibilidad de hacer ninguna actuación” en el barrio, añade Doménech.
Inviabilidad económica
Tecnicismos legales aparte, difícilmente podrá hacer frente a medio plazo el Ayuntamiento a un proyecto de tanta envergadura como el del Cabanyal. La iniciativa privada deshizo su participación en la empresa en cuanto tuvo certeza del fin de la burbuja inmobiliaria, en julio de 2008. Y sin fondos privados, el municipio no tiene dinero para asumir el proyecto.
De hecho, diversos cálculos apuntan que sólo en expropiaciones el Ayuntamiento debería gastar 180 millones de euros más, ya que apenas ha comprado un 40% del suelo necesario (168.884 metros cuadrados en total) y a un precio muy inferior (950 euros por metro aproximadamente) al marcado recientemente por los tribunales. Estos cálculos no contemplan el coste de urbanización y equipamientos en la nueva zona.
Por si fuera poco, el Ayuntamiento de Valencia tiene una deuda de 968 millones de euros, cifra superior a su presupuesto anual (882 millones en 2012). Con la Generalitat Valenciana en quiebra, y a pesar de que el equipo de Barberá está cerrando sin apenas déficit los últimos ejercicios, desde el punto de vista económico, la conexión de Valencia con el mar con la que sueña Rita Barberá parece imposible.