“Basta ya, ni un desahucio más!”. Con este grito de guerra se han concentrado de nuevo vecinos y miembros de colectivos como la Comunidad de Activos Titulizados o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente al edificio en el que residen de Miguel Arias y Marcia Bedón, un matrimonio sexagenario en riesgo de exclusión amenazado de desahucio.
Como informó eldiario.es, el desalojo estaba programado para el pasado viernes 18 de enero, pero finalmente la comisión judicial no se produjo, por lo que este lunes han vuelto a montar guardia para impedir el lanzamiento.
Tal y como explica la portavoz de CAT, Clara F., están a la espera de que la jueza que lleva el proceso acepte la moratoria solicitada hasta el año 2020, tal y como establece la ley 1/2013 (actualizada en 2015 y 2019) para personas mayores de 60 años en riesgo de exclusión social.
Según comenta, el préstamo hipotecario se hizo con la desaparecida CAM y se subastó el préstamo, que le fue adjudicado al Banco Sabadell. Tal como explican, de la subasta tendrían que haberle entregado un sobrante de 65.000 a la familia que nunca recibieron. Ayer entregaron de nuevo la documentación que cumple con la moratoria y piden un aplazamiento del desahucio.
Sin embargo, mientras no se produzca la notificación oficial, permanecerán en el edificio, ubicado en el número 25 de la calle Hermanos Villalonga (Benimaclet).
“Si nos echan no sé qué será de nosotros”
Miguel y Marcia llegaron a València desde Ecuador en busca de un trabajo y de un futuro para su hijo, ahora de 25 años: “yo trabajaba en el campo y mi mujer en una fábrica de madera y como las cosas iban bien, decidimos comprar la casa que en el año 2006 nos costó 169.000 euros, con una cuota mensual de 1.100 euros”, explica Miguel.
Sin embargo, llegó la crisis y en el año 2010 ambos se quedaron en el paro, por lo que un año después empezaron a tener problemas para pagar la hipoteca.
“Ahora mismo prácticamente no tenemos ingresos, lo justo para comer y sobrevivir, si nos echan de casa no sé que será de nosotros, tendríamos que recurrir a los servicios sociales y al Ayuntamiento para no quedarnos en la calle”, afirma.